Los sindicatos minoritarios reclaman a Economía el mismo trato que a Intersindical

Valencia. Los sindicatos excluidos del reparto de los fondos de participación institucional quieren café para todos. Después de que Intersindical haya reclamado la derogación de la Ley de Participación y Colaboración Institucional, aprobada por el Consell de Alberto Fabra, y de que la Conselleria de Economía haya tanteado esa posibilidad con las formaciones mayoritarias; tanto CSIF, como el Sindicato Independiente, Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza en la Comunitat Valenciana (FSIE) reclaman que el trato sea igualitario.

Estas cuatro formaciones cuentan con más delegados sindicales en la Comunitat Valenciana que Intersindical, pero no alcanzan un porcentaje de representatividas superior al 10% que sí tienen CC OO y UGT. Este porcentaje es la barrera que permite a los dos mayoritarios monopolizar el reparto de 2,6 millones de euros en compensación por la participación en consejos de autoridades portuarias, de entidades públicas u otros foros.

Para financiarse, los minoritarios sólo disponen de las cuotas de sus afiliados, 12 euros por cada delegado sindical en la Comunitat y las subvenciones finalistas a proyectos concretos. Esta situación se ha ratificado con la nueva ley, respaldada en Les Corts tanto por PP como por PSPV-PSOE y aprovada en el último pleno del Consell, cuando ya estaba en funciones.

«¿Fue un rescate preventivo de las grandes padronales y los sindicatos?», plantea Manuel Moya, desde FSIE. «Con la aprovación de esta ley se ha perdido una oportunidad para hacer un reparto más justo, pero, si Intersindical entra ahora en el reparto por la razón equis y el resto no, llevaremos el asunto hasta los tribunales».

De hecho, fuentes sindicales coinciden en que casi todas las formaciones pueden presumir de la primacía en un sector de actividad determinado. Así, Intersindical, en la que milita el conseller de Educación Vicent Marzà a través de STEP-Intersindical, domina con un 54% de representatividad en la educación pública. Por su parte, FSIE destaca en los centros concertados y privada; CSIF es el tercero en respaldo general y muy fuerte en la función pública; lo mismo que el Sindicato Independiente destaca en actividades como el transporte ferroviario.

«En los foros institucionales pueden tratarse temas que afectan a actividades en las que UGT y CC OO no son mayoritarios, pero para los que así tienen voz y voto», advierte Moya. Las soluciones que defienden estas formaciones difieren, pero el objetivo común de terminar con el «bipolio UGT-CC OO» les ha llevado a establecer contactos, aunque ninguno tan formal para hablar de la preparación de un frente común.

«Lo hemos hablado muchas veces al coincidir en actos públicos y, desde el Sindicato Independiente proponemos un pacto contra esta desigualdad, y no nos importa quien lo encabece», apunta Fermín Palacios, secretario general de esta formación en la Comunitat Valenciana. En el mismo sentido, el presdiente de CSIF, Daniel Matoses, también comparte la idea de emprender acciones conjuntas «para subsanar esta injusticia».

La falta de fondos y los impagos por parte de la Generalitat han hecho que la mayoría de estas formaciones hayan renunciado a ofrecer formación desde hace años, por lo que reclaman que los 2,6 millones de euros que reciben CC OO y UGT en la Comunitat por su presencia institucional se destinene a otros fines con efecto en la productividad de los trabajadores como a través de cursos o, por ejemplo, campañas de sensibilización de riesgos laborales.

Ninguno de los responsables sindicales cuestiona la representatividad de los mayoritarios, pero consideran que el reparto de fondos públicos es desproporcionado. «Hace años que propusimos que no hubiera subvenciones para nadie, sino que se estableciera un reparto en función de la representatividad», apunta Matoses.

Con este escenario, CC OO y UGT defineden en statu quo y este martes la junta directiva de la patronal Cierval ha manifestado formalmente su «preocupación» por el retraso en la aprobación del reglamento de la ley, con la que obtendría otros 2,6 millones. De hecho, ha advertido que se están agotando los plazos fijados para su desarrollo.