El juez del Puerto procesa al expresidente Aznar por el cobro de sobresueldos

El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha dado por terminada la investigación sobre el cobro de sobresueldos por parte del expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, y otros directivos de la entidad. Tras dos años de pesquisas, el juez acuerda la incoación del auto de procedimiento abreviado, resolución que equivale al procesamiento de otro tipo de procedimientos, contra Aznar, dos directivos de la APV y el abogado del Estado que formaba parte del consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal (VPI). Los cuatro investigados recibieron remuneraciones desde esta sociedad. La Ley prohíbe cobrar dos sueldos que provengan de fondos públicos. La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La decisión judicial deja a los cuatro procesados a un paso del banquillo. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción decidirá si considera que los hechos son constitutivos de delito y pide la apertura de juicio o si necesita nuevas diligencias. También puede solicitar el archivo, aunque parece muy poco probable. El ministerio público denunció los hechos en el juzgado tras los informes de la Intervención General del Estado en los que alertaba de esta irregularidad y otras actuaciones bajo sospecha en la gestión del recinto portuario. El juez dividió la causa en dos piezas hace aproximadamente un año. Por un lado, instruía el asunto de los sobresueldos, una de las cuestiones más incómodas para el expresidente. La segunda pieza se dedicó a las adjudicaciones bajo sospecha y gastos superfluos, como la compra del megayate.

El cierre de la primera pieza, en cambio, ha traído buenas noticias para el trabajador de las instalaciones que al comienzo de la investigación también fue imputado. Según una providencia del juez "no se le puede imputar ningún hecho delictivo" al haber quedado acreditado que sí que realizó trabajos para la citada mercantil.

Las pesquisas también se archivan para los miembros del consejo de administración de VPI que aprobaron el pago de estas dietas. Entre ellos, figuraba el exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau o el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio. El juez no aprecia responsabilidad penal en la actuación de estas personas, que acudieron a declarar al juzgado el pasado 28 de octubre.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) cobró 90.900 euros brutos de la empresa Valencia Plataforma Intermodal de 2004 a 2008 al mismo tiempo que percibía su sueldo de presidente del organismo portuario, una situación prohibida por la ley. Aznar devolvió otros 77.000 euros del periodo 2009 a 2011 unos días antes de que la Fiscalía Anticorrupción llevara estos hechos al juzgado. Previamente se había comprometido con la Intervención a reintegrar estas cantidades en un periodo de diez años. Se desconoce si también ha devuelto o se le exige el reintegro de los 90.000 euros del periodo anterior.

Desviaron la responsabilidad

Todos los investigados coincidieron en culpar durante su declaración en instrucción al Abogado del Estado, Fernando Llopis. Los directivos explicaron que este no les advirtió de que al recibir estas cantidades no respetaban la legislación. Llopis, en cambio, negó este extremo durante su comparecencia. Aclaró que no intervino "en ningún momento" en las remuneraciones que se fijaron y que tampoco los otros investigados le consultaban ningún asunto salarial.

El profesional se desvinculó de cualquier responsabilidad en la actuación de los otros imputados y añadió que la compatibilidad o incompatibilidad "es un deber del empleado público y debe ser cumplido personalmente". Es decir, que no se puede transferir a otro -en referencia a él- su exigencia.

Además, el auto recoge también otras irregularidades detectadas en el seno de Valencia Plataforma Intermodal (VPI), como la contratación de servicios de asesoramiento sin expediente de contratación.

Las fuentes consultadas dan por hecho que Aznar y los otros tres procesados terminarán sentándose en el banquillo de los acusados. El expresidente sigue trabajando en el recinto valenciano. Se encarga de las relaciones internacionales de la institución.