Las patronales de la Comunitat, sin blanca y en apuros

Las patronales de la Comunitat atraviesan una situación crítica, con serias dificultades para cuadrar unas cuentas que han acusado fuertes caídas de ingresos e impagos de las administraciones públicas e, incluso, entre las propias organizaciones empresariales.

A los malabarismos para intentar que los números salgan tanto en Cierval como en las provinciales CEV (Valencia), Coepa (Alicante) y CEC (Castellón), aunque con notables diferencias entre unas organizaciones que llevan años prometiendo reformar su modelo, se han sumado dos frentes judiciales.

El primero, la causa abierta por el juzgado de instrucción número 1 de Nules por presunto fraude en la gestión de fondos de formación en Castellón, por importe de 419.000 euros, que ha llevado a declarar como imputados, entre otros, al presidente de la CEC, José Roca, y al secretario general, Rafael Montero, que en la época investigada lo era también de la autonómica Cierval.

Y el segundo, y más reciente, el preconcurso de acreedores presentado por Coepa para ganar cuatro meses e intentar involucrar a todas las instituciones y partidos en un eventual rescate, tras la petición de embargo de bienes por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -acordada la legislatura anterior- para recuperar los 3,9 millones del préstamo para construir el Centro de Formación. El mismo que intenta, sin éxito, entregar a la Generalitat a cambio de cancelar la deuda.

La directiva de Coepa, sumida en la crisis más grave de sus 37 años de historia, apoyó esta semana sin fisuras a Moisés Jiménez, que había puesto su cargo a disposición del comité y la junta y ha delegado en una comisión para negociar con el IVF.

Las perspectivas no son buenas. El presidente Ximo Puig avisó de que "no habrá dinero público" para salvar entidades como Coepa y, por parte de Cierval, hay buenas intenciones pero escasas posibilidades de ayudar, más allá del apoyo moral o de contactos que garantizó Salvador Navarro, de CEV, a este diario.

La patronal alicantina tiene 24 empleados y cerró 2014 con un beneficio de 126.194 euros tras vender su antigua sede, frente a las pérdidas de 692.589 euros de 2013. Un 88% de sus ingresos es público, traspasos de subvenciones al resultado incluidos, y un 75% de sus ingresos anuales reales. Según confirman desde la organización, en 2014 debía 479.738 euros a Cierval por cuotas.

También la organización castellonense mantiene una cuantiosa deuda por este concepto, un dato que se negó a facilitar a este periódico, al igual que los relativos a las cuentas de 2014, que tampoco publica en su página web, a diferencia del resto de patronales valencianas.

Con este panorama, Cierval cerró 2014 con pérdidas de 166.336 euros y presupuestó 5.298,46 de beneficio para este año, con un 40% de financiación pública y apenas una decena de trabajadores.

Según han indicado a LAS PROVINCIAS desde la confederación empresarial autonómica, una semana después de que el pleno del Consell aprobase anticipar el 50% de las subvenciones para Cierval, CC OO-PV y UGT-PV previstas en la Ley de Participación Institucional, por su presencia en consejos de administración y patronatos de sociedades y entidades públicas, el dinero no ha llegado. De ese adelanto le correspondían 1.235.969,22 euros, a repartir con sus provinciales -según del peso en la asamblea de CEV (42%), Coepa (32%) y CEC (26%)-, y cada sindicato recibía 617.984,61 euros.

Por su parte, la CEV es la que más favorecida sale en la fotografía actual, al día en las cuotas con Cierval y con una creciente desvinculación del presupuesto público, que representaba el 90% de sus cuentas de 2012, el 74% en 2014 y 55% este año.

Según su presidente, aparte de duros ajustes como la reducción prácticamente a la mitad de su plantilla, compuesta por 25 trabajadores, no hay más secreto que su apuesta por trabajar con fondos privados e incrementar el número de empresas directamente asociadas.

Visto lo visto, el enfoque de gestionar las patronales con visión empresarial parece dar sus frutos entre organizaciones que tradicionalmente han reivindicado su independencia de los poderes públicos.

En ella incidió José Vicente González tras ser reelegido como presidente de Cierval en julio, cuando se fijó el reto de "culminar el proceso de reformas ya iniciado", código ético y de buen gobierno incluidos, clarificar las funciones de las patronales, sin duplicidades, y limitar a dos los mandatos presidenciales. No obstante, esos cambios se antojan lejanos y lo urgente, una vez más, no deja tiempo para lo importante.