Las tensiones en el AVE a la Meca salpican a dos empresas valencianas

Uno de los mayores contratos de la ingeniería española en el extranjero se ha convertido en un quebradero de cabeza para las empresas que están sacándolo adelante. El consorcio hispano árabe Al Shoula que está construyendo el tren AVE de Medina a La Meca en Arabia Saudí está acusando las tensiones que provoca la presión de las autoridades del país ante supuestos retrasos y por el pago de los sobrecostes de la obra con nuevas derramas entre los distintos socios.

Actualmente, catorce empresas integran el consorcio, entre los que se cuentan OHL, ACS, Copasa y Siemens, además de las empresas públicas Renfe, ADIF e Ineco y; distintas fuentes aseguran que se prevé la salida de algunos de los implicados cuando terminen su parte por discrepancias en la gestión del proyecto. Además, según medios saudíes, el Gobierno local maneja ya como escenario bastante posible que la factura del proyecto termine encareciéndose hasta un 60%, superando los 16.200 millones de euros frente a los 10.000 millones de euros iniciales.

El procedimiento que se ha seguido para realizar estos trabajos ha sido la subcontratación de zonas, y es ahí donde han entrado las empresas valencianas Torrescámara y Rover Alcisa. Integradas en el consorcio denominado Cart, han sido las responsables de la construcción de los talleres y cocheras de la ciudad de Medina junto a la empresa local Atco. Aunque la adjudicación se produjo a finales de julio, sólo diez días más tarde ya habían comenzado los trabajos para levantar las instalaciones en Medina con motivo de la urgencia que impone la administración árabe.

Aunque ninguna de las dos empresas han querido hacer declaraciones, fuentes conocedoras de la situación aseguran que el desarrollo de las obras ha venido acompañado de tensiones sobre los costes y los plazo de ejecución. Como relató LAS PROVINCIAS, el ministro de transportes de Arabia Saudí, Muhhamed Al-Muqbel, ha aprovechado cada visita a las obras para arremeter contra los trabajos del consorcio español que ejecuta el macroproyecto, y el dirigente llegó a amenazar con la expulsar a las constructoras valencianas por la «lentitud» de sus trabajos, a lo que respondieron con el envío de más trabajadores para acelerar sus labores.

Fuentes del sector aseguran que los profesionales de estas empresas han tenido una de las experiencias más duras de su vida profesional, tanto por los trabajos en sí (teniendo en cuenta las condiciones climáticas del país y el efecto que tiene sobre los materiales) como por las exigencias del contratante y el trato recibido por su parte. Las instalaciones con sello valencianos consisten en un kilométrico entramado de vías y dos grandes naves de unos 50.000 metros cuadrados.