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Á. M. / A. R.
Martes, 23 de febrero 2016, 00:30
La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a Fernando Gallego Almazora y a Fernando Vicente Gallego Martínez, responsables de la inmobiliaria y promotora Llanera, actualmente en liquidación, de una acusación de estafa que contra ellos habían presentado el notario Carlos Pascual y el empresario de la construcción Fernando Polanco. Los demandantes se consideraban engañados en una operación de compraventa de terrenos en 2007 a través de la empresa Faverch Desarrollos Inmobiliarios por un montante de 33 millones de euros.
El abogado del conocido notario pedía cuatro años de prisión para los dos miembros de la familia Gallego, aunque la fiscalía insistía en su informe en que no apreciaba la existencia de delito y reclamaba la absolución para los procesados. Los hechos se remontan a marzo de 2007, cuando el notario y el empresario deciden comprar parte de la finca de La Reva, para la que existía entonces un proyecto de construcción de miles de viviendas.
No obstante, los dos inversores lograron el compromiso, a través de contratos privados, de que, si ellos lo pedían, Llanera recompraría los terrenos por el mismo importe o bien rebajaría el precio inicial en unos 12 millones de euros. Esto último dependía fundamentalmente de si se aprobaba el concierto previo, el primer paso para la futura construcción del complejo de viviendas.
Para asegurarse la disponibilidad de fondos como una garantía para esta recompra, se acordó una promesa de hipoteca sobre otras fincas que, en ese momento, eran propiedad de Llanera. Unos meses más tarde, los inversores aseguraban haber descubierto que existía un contrato previo con el banco Lehman Brothers (el primero que cayó con la crisis de las hipotecas basura) y que los terrenos ya se habían hipotecado para devolver parte de un crédito a la entidad norteamericana.
Ahora bien, según se incluye en la sentencia, el juez considera probado que el 2 de marzo de 2007 Fernando Gallego Martínez y Fernando Gallego Almazora vendieron a través de Llanera el 6,51% de la participación de diversas fincas en Riba-Roja por un precio de 33 millones de euros a Faverch Desarrollos. Este precio fue íntegramente abonado y las fincas son actualmente propiedad de esa empresa. Sin embargo, ese mismo día y por petición de la empresa compradora, se firmaron dos contratos privados por los que establecía el compromiso de recompra de la fincas por un precio de 12 millones más de los que se acababa de pagar.
Compromisos cruzados
Llanera aceptó ese compromiso, que debía hacerse efectivo el 14 de diciembre de 2007, «siempre y cuando la parte vendedora, Faverch SL, hubiera notificado con al menos cuarenta y cinco días de antelación a la compradora, Llanera, por escrito indubitado, su decisión de vender», según recoge la sentencia del juez José María Tomás y Tío .
Como garantía para el cumplimiento de esta obligación de recompra, Faverch exigió por parte de Llanera la promesa de hipotecar una una serie de fincas que, sin embargo, Llanera había incorporado a su patrimonio al fusionar las empresas Regadíos y Energía de Valencia SA (Reva), mediante un contrato de crédito con la entidad bancaria Lehman Brothers en diciembre de 2006. Según señala la sentencia, la entidad había exigida esa fusión después de que el banco y la empresa de los Gallego firmara un compromiso de hipotecar esas firmas fincas a su favor.
El juez considera que los responsables de Faverch conocían esa situación, al igual que la tramitación de la fusión, ya que se gestionó en el despacho profesional del notario Carlos Pascual de Miguel, vinculado a la empresa querellante y se habían manifestado en las negociaciones inmediatamente anteriores a la firma de la compraventa, los de la recompra e hipoteca. De hecho, se considera un hecho probado que la redacción de todos estos contratos fue realizada personalmente por Carlos Pascual la noche anterior a su firma.
En septiembre de 2007, al no poder atender a los pagos de los intereses del crédito concedido por Lehman Brothers, el banco exigió el pago total de la póliza de crédito, lo que abocó a Llanera a solicitar el concurso voluntario de acreedores. Así, Lehman Brothers requirió a Llanera que liberara las fincas que se habían ofrecido como garantía y que estaban hipotecadas con el banco desde junio del mismo 2007, «sin adoptar, ante el silencio de la querellada (Faverch), actuación alguna en función de los contratos descritos».
Contra esta resolución exculpatoria de los dos miembros de la familia Gallego se podrá interponer recurso de casación en el término de cinco días después de la última notificación. En los años anteriores a la crisis inmobiliaria, Llanera llegó a ser una de las empresas más conocidas del sector por su rápido desarrollo y la fuerte inversión que realizó en la difusión de su marca, especialmente en la provincias de Valencia.
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