El IVF busca inversores privados para la construcción de nuevos colegios públicos

Los estrictos límites al endeudamiento que lleva años imponiendo el Ministerio de Hacienda a la Generalitat ha hecho que se busquen alternativas para poder poner en marcha nuevas infraestructuras. La idea que desde el equipo de la conselleria se está explorando pasa por la búsqueda de inversores que asuman la financiación de diversas necesidades, entre ellas la construcción de los nuevos colegios públicos de la Comunitat.

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, ha asegurado que desde el Consell se están tanteando nuevas vías de colaboración con inversores privados, que permitan «financiar colegios y otras iniciativas de interés social y económico para la Comunitat Valenciana», como puede ser el caso también de inversiones en materia de eficiencia energética, como recientemente le propuso la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

La voluntad de Illueca, que secunda el conseller de Hacienda, Vicent Soler, pasa por tratar de involucrar a «agentes pertenecientes a canales de financiación alternativos a las entidades bancarias, y cuya participación aporta múltiples ventajas». La propuesta se ha hecho tras el encuentro de Illueca, del conseller y del presidente de la Asociación Nacional de Sociedades Financieras (Ansofi), Felipe Guardiola, en el que se han tratado las posibilidades de colaboración entre la Generalitat y esta asociación en el marco del llamado plan Juncker.

Este proyecto que toma el nombre del presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, ha sido impulsado por el ejecutivo comunitario con el objetivo de movilizar inversiones tanto privadas como públicas por un valor final de 315.000 millones de euros destinado a infraestructuras estratégicas.

«Los vehículos que la Generalitat ponga en práctica para financiar colegios o cualquier otra iniciativa necesitan tener financiación privada sobre la cual puedan apalancarse los fondos del plan Juncker, por ello el concurso de estos inversores privados, representados en este caso en Ansofi, resulta imprescindible», ha asegurado Illueca.

Menor regulación

En este sentido, el director general del IVF ha destacado que estos inversores privados tienen un grado de regulación menor al de los mercados tradicionales de financiación, los bancos y cajas de ahorros, y por tanto su colaboración permite «una gestión más ágil y mayor disponibilidad para facilitar fondos a la Generalitat en la persecución de unos objetivos que son fundamentales para el desarrollo social y económico de esta comunidad», ha señalado Illueca. De hecho, la Asociación Nacional de Sociedades Financieras (Ansofi) es una de las principales defensoras del denominado 'shadow banking'. Este sistema de financiación es una propuesta alternativa a la bancaria que tiene todo tipo de fórmulas.

Algunas de ellas son la aceptación de fondos con carácter similar al de los depósitos, la transformación de vencimientos y o de liquidez (lo que viene a ser el descuento de pagarés), transferencias de crédito y los fondos de inversión de distinta categoría. Igualmente, en este ámbito participan brokers que hacen de intermediarios de operaciones en bolsa que no son bancarias, agencias de rating, capital de riesgo y demás.

En España se mueven 3,5 billones de euros en financiación, lo que significa que el 'shadow banking' ocupa entre un 17% y 20% de la actividad total: en torno a 600.000 millones de euros. Fuentes del sector apuntan que actualmente en la Comunitat Valenciana se estaría operando de este modo con 48.000 millones de euros en activos financieros alternativos en la Comunitat, un 8% del volumen nacional.

Esta actitud a favor de la colaboración público privada está siendo desigual dentro del Consell. Mientras que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, o el conseller de Hacienda, Vicent Soler, han respaldado esta fórmula, desde otras áreas se ha criticado con dureza. El caso que más tensiones ha generado ha sido el de la sanidad, especialmente desde la conselleria, que dirige Carmen Montón, y desde la vicepresidencia del Consell, con Mónica Oltra.

Recientemente, el subsecretario de Sanitat, Ricardo Campos, acusó a la concesionaria Ribera Salud de diversas irregularidades que fueron negadas por la empresa y, tras el pleno del Consell del 25 de septiembre de 2015, Oltra aseguró que se producían unos niveles anómalos de defunciones en Denia, gestionada por Marina Salud (Ribera Salud y DKV Seguros), aunque no se demostró.