El Gobierno pone su lupa sobre la ganadería integrada

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, se ha comprometido ante la formación agraria Unión de Uniones a estudiar en profundidad el funcionamiento de la ganadería en régimen de integración, lo que sería el paso previo para poder determinar si los granjeros que trabajan en este sistema son o no víctimas de algún tipo de incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Por ganadería en integración se entiende aquella en la que el granjero depende por entero de una compañía, en cuya cadena de producción queda integrado pese a mantener formalmente su carácter autónomo a efectos fiscales y de propiedad de las instalaciones.

Este sistema rige en España casi al cien por cien en la producción de pollos y cerdos y en porcentajes diversos en los demás animales y productos derivados, aunque la tendencia es a generalizarse y también hay penetración de este régimen en algunas producciones agrícolas.

El ganadero pone su trabajo, el agua, la energía y las instalaciones

de la granja, que han de contar con los niveles de exigencias de la empresa integradora. Ésta aporta los animales recién nacidos y los piensos y manda por entero en cuestiones de fechas de inicio y recogida y de precios por la contraprestación de servicios del granjero, quien se queja cada día más de estar mal pagado y sufrir complejos cálculos de rendimientos para escatimarle parte de lo que le correspondería.

Diversas organizaciones, y entre ellas la valenciana Unió de Llauradors, reivindican desde hace tiempo la necesidad de una ley específica que regule la ganadería en régimen de integración, por lo que ahora han conseguido que AICA ponga su lupa sobre este sector, para investigar si puede haber irregularidades en su funcionamiento.

Hay que recordar que esta agencia ha abierto múltiples expedientes a compañías de relacionadas con la distribución agroalimentaria, sobre todo relacionadas con frutas y hortalizas, aunque de momento no se tiene conocimiento de que en ninguno de ellos se haya llegado a resoluciones definitivas y sanciones.