Á. MOHORTE
Lunes, 11 de abril 2016, 21:08
El futuro de Feria Valencia se está terminando de definir en los despachos de la Conselleria de Hacienda y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y, como estaba previsto, pasa por la entrada de un operador privado que aporte capital y negocio a la institución a cambio de un porcentaje de la propiedad. Para poner la venda antes que la herida, la Generalitat no tendrá más del 50% de las participaciones en las que se divida la empresa, pero no se descarta que sea la accionista mayoritaria de la nueva sociedad.
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Según fuentes conocedoras del proceso, esta medida tiene una doble utilidad. Por una parte, evita que la Administración autonómica tenga que atribuirse la deuda que se pueda generar tras la privatización (ya que toda la anterior la tuvo que computar como propia por orden del Banco de España en 2013). Por otra parte, al ser el mayor propietario no pierde la capacidad de control, especialmente si el resto del accionariado está dividido entre distintos titulares.
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha hecho balance del coste de la institución. Por el momento, se ha pagado de la deuda principal 82,2 millones de euros (22 de ellos por el actual Consell), menos de un 14% del total, más 255 millones en intereses. Así las cosas, queda por pagar 520 millones del principal, más los intereses en función de la evolución de los tipos hasta 2029. A esta cantidad es la suma de la financiación inicial de los 97,5 millones del Banco Europeo de Inversiones y los 227,5 millones en emisión de obligaciones, más los 262 millones que requirió además la ampliación. Al no ser capaz Feria Valencia de cubrir su actividad, la Generalitat ha contraído otros 17,5 millones para ese fin.
Un grupo de partícipes minoritarios cubrirían el hueco que impediría al nuevo socio privado principal llegar a tener un control absoluto de la institución, al menos sobre el papel y a corto plazo. De ellos se prevé recaudar el respaldo correspondiente en los asunto relevantes que repercutan en la continuidad y «valencianidad» de la institución.
A ese nuevo gran operador privado se le ofrece cierta libertad de movimientos a la hora de incidir en la actividad de la feria. Como repite el presidente de la entidad, José Vicente González, de este nuevo gran colaborador se espera dinero, pero también negocio. Concretamente se quiere atraer a alguien que aportara nuevas ferias o propuestas que repercutan en ingresos.
No estará en su mano meter a la institución en una nueva reestructuración interna que repercuta en el empleo ni tomar medidas traumáticas para el negocio, como el traslado a otras ciudades de ferias claves como Cevisama.
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En los últimos cinco años, se han producido distintos ajustes de personal que han limitado la plantilla a un centenar de personas, frente a los 320 trabajadores que llegaron a ser hasta enero de 2011, cuando se produjo el expediente de regulación de empleo (ERE) más importante al que se le ha sometido. Igualmente, en 2012 se aplicaron recortes salariales para reducir los costes laborales en un 20%. Las mayores rebajas se aplicaron a la dirección, donde se recortó en un 58% el gasto estructural de 2013 frente a 2010.
Tiempo de tormentas
Feria Valencia se ha situado en la última década en el centro de tres tormentas. Por una parte, se metió en un plan de ampliación que la convertía en una de las mayores de Europa en superficie expositiva confiando en que el negocio prosperara como lo hacía hasta finales de siglo pasado.
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Cuando la obra aún estaba a medias, el propio modelo de feria muestrario entró en crisis por la irrupción de las nuevas tecnologías, que han cambiado las formas de trabajo y favoreciendo los contactos virtuales, que han sustituido a muchas «citas obligadas» del calendario ferial.
Además, las crisis económica española e internacional cayó como un mazazo, llevando a las empresas a buscar nuevos mercados por sus propios medios, reduciendo la actividad del complejo al mínimo y situando a la Generalitat, su avalista, al borde de la bancarrota.
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