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INÉS HERRERO
Domingo, 8 de mayo 2016, 22:10
valencia. Valenciano, de 53 años y con 35 años de trayectoria como afiliado a UGT, desde que alcanzó la mayoría de edad. Ismael Sáez, procedente de la poderosa Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-PV, es ya el nuevo secretario general de la central sindical valenciana, elegido con el 92,6% de los votos a favor en el congreso celebrado esta semana en Valencia. Definido por múltiples voces del sindicato como un hombre de consenso, es el llamado a culminar el proceso de reestructuración de la organización y el regreso a sus orígenes, «al lado de los trabajadores en defensa de sus derechos».
Licenciado en Derecho por la Universitat de València, Sáez se adentró bien pronto en el mercado laboral. A los 14 años se incorporó a la Escuela de Aprendices de Macosa, reconvertida después en Alstom, más tarde en Vossloh y, recientemente, en Stadler Valencia, empresa de la que está en excedencia por cargo sindical.
En el año 1989 entró en el Comité de Empresa de Macosa y dos años después formaba parte ya de la Federación Metal de UGT de Valencia, en la secretaría de Política Sindical. Se mantuvo en ese cargo cuando ésta pasó a la Federación de Metal Construcción y Afines (MCA) del País Valenciano y, en el año 2009, fue elegido secretario general de MCA-PV, cantera de líderes sindicales.
En 2013 fue reelegido al frente de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT-PV, aunque con un apoyo muy limitado. Si en la anterior elección había recibido el 99% del apoyo de los sindicalistas, en la renovación de la ejecutiva de hace tres años recibió sólo un 60% de los votos. Su gestión fue aprobada por poco más de la mitad de los sindicalistas, un 57%, con la oposición de la influyente sección sindical de Ford y de las industrias auxiliares de la automoción.
En su nueva etapa al frente de UGT-PV tendrá como vicesecretarios generales, precisamente, a Carlos Faubel, líder de la relevante sección sindical de la planta de Almussafes, y a Guillermo Martí, secretario general de federación de enseñanza, como principales respaldos para acabar de sanear las cuentas y pasar de seis a tres federaciones.
La inclusión del hasta el viernes secretario general de UGT-PV, Gonzalo Pino, en la Ejecutiva del sucesor de Cándido Méndez, Josep Maria Álvarez, desató antes de Fallas las quinielas para un puesto que aspiraba a cubrir con consenso y para el que sonaban también nombres como Raül Roselló o Tino Calero.
No obstante, el respaldo de la Federación de Servicios Públicos (con un peso interno cercano al 26%) dejó claro poco después que el metal continuaría su hegemonía. De la MCA UGT-PV, que supone un 24% del total a falta de integrar a la sección de industria, proceden los tres secretarios generales anteriores, Rafael Recuenco, Conrado Hernández y Gonzalo Pino, y ahora, Sáez. Pino, en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS, destacaba hace unos días la capacidad demostrada por su sucesor y también su valía, de la que se valdrá para llevar adelante el plan del sindicato para «adaptarse al nuevo escenario del siglo XXI».
En su primera intervención, Ismael Sáez apeló al papel de «contrapoder político y económico que busca el reparto justo de la riqueza» del sindicato y se marcó el ambicioso objetivo de conseguir una «sociedad que proteja a los más débiles, a los trabajadores más allá de la empresa».
También hubo espacio para la autocrítica y admitió que UGT no ha sido capaz de ofrecer las respuestas que la sociedad necesitaba, como reconoció igualmente su antecesor, consciente de haber fallado en ocasiones a los trabajadores.
De cara al futuro, Sáez quiere «estructuras más simples, menos rígidas y que consigan hacer con menos, más», y construir una organización «más fuerte», que defienda a los trabajadores y que «cuando vuelvan a su casa o a su fábrica digan: qué bien me han atendido, qué gente más maja, merece la pena estar en este sindicato», al que CC OO-PV supera en términos de representatividad.
Y lanzó toda una declaración de intenciones: hay que «destinar recursos para que sea posible un reparto del empleo» y plantarse ante Madrid para reclamar un trato más justo.
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