El juez del Puerto de Valencia añade a la investigación un contrato con Telefónica tras otro anónimo

El juzgado que investiga la gestión del expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar ha incluido en sus pesquisas una nueva irregularidad. Se trata de un contrato que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) firmó con Telefónica y que supuestamente se efectuó sin seguir los procedimientos de contratación que rigen en las administraciones.

Esta información no constaba en los informes iniciales de la Intervención General del Estado que sustentan la denuncia que Anticorrupción presentó por estos hechos. De nuevo, como ya ocurriera en el arranque de este caso, ha sido un anónimo el encargado de trasladar a la fiscalía las sospechas acerca de esta contratación. En un breve escrito, denuncia que el servicio no se sacó a concurso hasta 2013. Para los años anteriores existía un contrato confidencial firmado por Aznar y un responsable de Telefónica. El importe era de unos 330.000 euros anuales. Al parecer, el anónimo aportó copia del citado documento.

Al encontrarse el asunto judicializado, el ministerio público remitió la información al juzgado de Instrucción número 14, que investiga la causa. Al parecer, una vez se sacó el suministro a concurso, las empresas ganadoras (ONO y Vodafone) prestaron el servicio de telefonía fija y el de móvil con rebajas del 60% y 45%, respectivamente. Se ignora si este nuevo anónimo corresponde a la misma persona que ya envió todo el material inicial que precipitó la apertura de esta investigación y también de otra -archivada al momento- en la que un directivo de la institución supuestamente facilitó un examen a su amante.

El juzgado ya ha requerido el expediente de esta contratación bajo sospecha al Puerto de Valencia. Esta diligencia se incluye en la única pieza con la que cuenta la causa después de que la Audiencia ordenara el archivo de los sobresueldos.

La Sección Segunda, en un auto durísimo con la labor desempeñada por el juez instructor, resolvió que la investigación se había cerrado con unas conclusiones que no estaban respaldadas por la investigación judicial de casi un año de duración.

Archivo de los sobresueldos

Además, consideraba que en el peor de los supuestos Aznar y los otros dos directivos que estaban imputados, habrían cometido un irregularidad administrativa pero su acción nunca comportaría responsabilidad penal. Todos cobraron unos 70.000 euros durante tres años de una empresa pública (Valencia Plataforma Intermodal) a la vez que recibían otro sueldo público de la APV, algo prohibido por la Ley. Anticorrupción, que llegó a pedir cinco años de prisión para los procesados, anunció recientemente su intención de recurrir, aunque la decisión final recae siempre en los compañeros del Supremo. Fuentes judiciales consideraron complicado que prospere el intento del ministerio público.

El juzgado sólo mantiene ya la segunda de las piezas que se concentra en la investigación de las irregularidades de mayor gravedad relacionadas con la gestión del recinto desde 2004. Existen varias obras bajo sospecha. Una de ellas es el acceso alternativo al Puerto, un puente que se construyó únicamente para las carreras. La APV adelantó tres millones de euros. Luego descontó un millón a la empresa Valmor, que, en realidad, era la que debía correr con los gastos, tal y como detalló la Intervención General del Estado.

En estas pesquisas se analiza también el desembolso de cuatro millones de euros para la compra de un yate para los invitados de la Copa América. Hoy en día, el nuevo presidente quiere desprenderse de la embarcación, pero la subasta quedó desierta. La idea es ofrecerlo en ferias náuticas.

Otra de las actuaciones más controvertidas es la demolición del tacón de un muelle, una actuación destinada al atraque de buques de carga rodada (ro-ro). La APV adjudicó esta obra a MSC por 3,5 millones de euros. Lo hizo sin publicidad ni concurrencia. Existen informes contradictorios respecto al coste real de la infraestructura.