Las fallidas aventuras de la banca pública regional

José Antonio Ardanza sostenía la vara de lehendakari cuando se diseñó el primer proyecto de banco público vasco. La década de los 90 estaba recién iniciada y el Departamento de Hacienda midió los pros de la medida, entre los que se incluían el fortalecimiento del «proyecto nacional vasco», pero también encontró no pocos contras.

Así, se entendió que conceder créditos a empresas privadas, como figura entre los objetivos del banco público, supone entrar en un segmento de actividad que requiere habilidad, seriedad y también dimensión. Sólo de ese modo se pueden absorber los fallidos que provoca la actividad crediticia y que hasta ahora los gobiernos autonómicos cubren subvencionando tipos de interés de créditos concedidos por entidades financieras.

A su vez, ese banco lo ha de gestionar alguien y, a partir de determinados niveles, los profesionales no cobran poco. En ese sentido, se entendió la necesidad de modificar la legislación en materia de retribuciones de la Administración para evitar la pérdida de los mejores. Si no se hacía, advirtió ya entonces la consejería que dirigía José Luis Larrea, se podía caer en el error de dejar la gestión de una entidad financiera en manos de auténticos «aprendices» de financiero.

Además, el informe incluía otros detalles como el domicilio de la sede social, un aspecto nada menor para las haciendas forales, ya que una operativa que genera trámites burocráticos y notariales siempre tiene una enorme importancia en la recaudación fiscal.

Tras darle algunas vueltas, el gobierno de Ardanza terminó por meter el documento en un cajón, aunque de vez en cuando la idea del banco vasco sale a colación por motivos políticos, como se interpretó su planteamiento con el Plan Ibarretxe; o con otros fines, como en el año 2007.

Ese año se incluyó su regulación en la Ley de Presupuestos de Euskadi para 2008 con el objetivo declarado de quitar la tesorería pública a las cajas de ahorro y poder competir en la concesión de créditos. Sin embargo, también se entendió como una amenaza contra los socialistas vascos para que apoyaran la fusión de cajas que desembocó en la actual Kutxabank.

En todo caso, la experiencia de unir política, políticos y banca no es nueva y ha tenido resultados especialmente graves en la Comunitat Valenciana. Así, la última crisis mostró los pies de barro de las cajas de ahorro que, de ser valencianas dos de las 10 mayores entidades financieras de España, terminaron por dejar un coste económico, reputacional y de oportunidad que muchos consideran que no se ha terminado de saldar.

La cicatriz de las cajas

De todos modos, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, presentó el pasado lunes el plan del Consell para poner las bases de su banco público a partir de 2017, aunque ya de por sí se descartaba que se consiguiera tener en ese plazo una ficha bancaria, imprescindible para actuar realmente como un banco. Sin embargo, la creación de esa entidad pública y propia estaba en el punto cuatro del Pacto del Botánico, firmado por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, aunque sus grandes defensores habían sido hasta entonces estos dos últimos.

El boceto y los primeros trazos del llamado Banc de la Generalitat recuerda mucho al que se está intentado poner en marcha en Cataluña. De hecho, Illueca lo ha señalado como ejemplo, aunque confía en que el desenlace de la propuesta valenciana no siga la misma pauta que la catalana. Y es que, lejos de cumplirse las previsiones, el proyecto de banco público que puso en marcha el Institut Català de Finances (ICF), fruto del pacto entre CiU y Esquerra Republicana de Catalunya para crear la estructura de un estado propio, se ha dado de bruces contra el Banco Central Europeo, que es quien debe otorgarle la inescusable ficha bancaria.

El propio consejero delegado del ICF, Josep Ramon Sanromà, reconoce que, desde el inicio de los trámites en 2013, ya no se puede ir más lejos en esta iniciativa. Hasta que la Unión Europea defina la normativa para la puesta en marcha de nuevos bancos de desarrollo regional, «no se puede dar más pasos», reconoce. «Siempre pensamos que se tardará poco en definirla, pero Europa es compleja», lamentaba Sanromà el pasado mes de abril.

Aunque la petición debe ir además acompañada de un informe del Banco de España que evalúe la propuesta, el consejero delegado del ICF nunca ha utilizado esta exigencia como chivo expiatorio. Al igual que Manuel Illueca, el catalán Sanromà siempre ha insistido en la seriedad de los equipos del supervisor que gobierna José María Linde y de la buena relación que se mantiene desde Valencia y Barcelona con estos profesionales. Simplemente, los permisos no están y nadie sabe decir a ciencia cierta para cuándo se les espera.