El Consell mantiene paralizado el plan de lucha contra el fraude fiscal desde hace un mes

El Consell lleva más de un mes sin gestionar los expedientes relativos al fraude fiscal debido a la falta de personal. El Instituto Valenciano de la Agencia Tributaria (IVAT), dependiente de la conselleria de Hacienda, cesó el pasado 3 de mayo a 37 técnicos interinos encargados del departamento de gestión de los impuestos cedidos, es decir, los tributos sobre Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y los de Sucesiones y Donaciones. Desde entonces, no hay ningún inspector de carrera encargado de esa labor, ya que el resto de profesionales capaces de realizarla (un total de 27 incluyendo puestos de jefatura) están en las secciones de recaudación e inspección, según han trasladado fuentes sindicales a LAS PROVINCIAS.

«Hace falta personal y desde que se fueron los técnicos de tributos, no se ha sacado ningún expediente de impuestos cedidos. Evidentemente esto afecta a la recaudación de la Generalitat», critican desde la delegación valenciana de Csif. «Los técnicos interinos que hemos sido cesados nos encargábamos de todo lo que corresponde al fraude fiscal por vía gestión, que es la habitual», afirma la exempleada Miriam Sánchez, quien añade que en el departado de Sucesiones llegaban a liquidar 800 expedientes al mes. «Además, cuando me fui había todavía 13.000 expedientes pendientes», sentencia.

¿A qué se debe la decisión de prescindir de más del 50% de la plantilla que lucha contra el fraude fiscal? Según declaró el director del ente, Eduardo Roca, a este periódico, la decisión responde al plan de la Administración desde hace dos años de profesionalizar los puestos de trabajo mediante la oferta de oposiciones. «Las 37 personas son interinos, de los cuales algunos llevaban más de veinte años», declaró.

Sin embargo, Roca admitió que la Generalitat vería ralentizada su gestión y la atención al público hasta que no se cubran las 65 plazas que esperan convocar a lo largo de los próximos dos años. «Preferimos pasar ese trance antes que seguir con esta situación de ilegalidad. Además, los interinos ya llevaban meses sin trabajar a la misma intensidad porque sabían que iban a ser cesados», sentenció.

Por lo pronto, este mes se incorporarán, según el director, doce personas de categoría A2, que aprobaron la Oferta de Empleo Público en 2014. Pero esto no contribuirá a solventar el atasco, ya que los técnicos A2 no están autorizados para firmar liquidaciones, según indica la extrabajadora. «Además, lo legal es que el cese de interinos se firme una vez esas plazas estén cubiertas, no antes tal y como se ha hecho», alega Sánchez.

El impacto económico que esta situación supone para las arcas públicas varía en función de quien sostiene los datos. En el ejercicio 2014, tan sólo el departamento de gestión de impuestos cedidos liquidó más de 60 millones de euros, según el informe anual de inspección del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el director del IVAT señala que este año la recaudación será menor debido a que la Justicia ha modificado «el sistema de valoración», en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba el método de valoración de los inmuebles al considerarlo excesivo.

En este sentido, no sólo se paralizan los ingresos provenientes de la gestión de impuestos cedidos, sino que afectará de manera directa a los contribuyentes que pagaron de más en los tributos cedidos. Por un lado, están pendientes las devoluciones de las cantidades abonadas de más por la adquisición de viviendas y otros inmuebles con el sistema anterior. Y, por otro, también perjudica a los herederos no residentes en la Comunitat, ya que el Tribunal Constitucional por un lado, (a través de la Sentencia 60/2015 de 18 de marzo) y el TJUE, por otro, anuló la discriminación que estos contribuyentes sufrían al verse privados de los grandes beneficios fiscales que se aplicaban los residentes en la región. Dichos beneficios suponen una reducción entre 40.000 y 100.000 euros, además de una bonificación en la cuota de entre el 99% y el 75% del total. «Los herederos que pagaron de más están pidiendo devoluciones en masa y están totalmente paralizadas», insiste la inspectora cesada.

Por último, tanto Sánchez como los sindicatos alertan del peligro de que prescriban los expedientes relativos a la tasa sobre Sucesiones. «Si dejamos que prescriban, abrimos la puerta a que se defraude. Es como una amnistía fiscal encubierta», concreta la que era inspectora interina.