Parc Sagunt, 14 años en punto muerto

Parc Sagunt se presentó a comienzos de 2002 como «el mayor parque empresarial de Europa», con tres millones de metros cuadrados en una primera fase y una superficie total prevista de 14,8 millones de metros cuadrados. Cerca de tres lustros después, el proyecto anunciado a bombo y platillo en el museo Príncipe Felipe por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue en punto muerto, con apenas tres empresas instaladas, la sociedad promotora en riesgo de preconcurso y las administraciones central y autonómica que se reparten al 50% su accionariado enfrentadas por la financiación para acabar las obras.

Las últimas licencias a empresas se concedieron hace casi una década y poco ha cambiado en el parque desde esos años de bonanza y el estallido de la crisis posterior. Así lo atestigua el alcalde de Sagunto, Quico Fernández, que señala a LAS PROVINCIAS que el proyecto «se vendió con la promesa de 30.000 puestos de trabajo, como el gran parque industrial de Europa, y a día de hoy sólo tiene tres empresas y ni se ha acabado ni se ha comercializado bien: es un auténtico desierto».

Tras el choque entre el Gobierno central y el Consell de esta semana, a cuenta del frustrado crédito estatal de 9,3 millones para acabar las obras de urbanización -que el Consell daba por comprometido y el Estado descartó por el «alto riesgo de seguir enterrando fondos» en el proyecto por esa vía-, el primer edil, de Compromís, exige «una solución definitiva». «Hasta aquí ha llegado esta broma de mal gusto», zanja.

El alcalde aspira a convertir Parc Sagunt en un «enclave con vocación logística, ligado al puerto, al automóvil y a las nuevas tecnologías», y asegura que hay empresas interesadas en instalarse en él. Comparte con la Generalitat y con buena parte del empresariado valenciano el enfado con el Ejecutivo estatal, al que el Consell acusa de incumplir los compromisos adquiridos a través de Sepides, filial de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, y preferir «dejar caer» al parque.

Sepides replica que ya ha inyectado 14,5 millones vía préstamos, 2,2 millones más que las instituciones valencianas, y acusa al Consell de rechazar sus alternativas: una ampliación de capital o comprar la parcela adjudicada a Ros Casares en 2007, la misma que la Autoridad Portuaria quiere cambiar por la suya, más pequeña y peor situada, en una permuta que se perfila ahora como la solución preferida por el Consell.

El interés ratificado por escrito por el Puerto, que podría adelantar la liquidez necesaria para las obras, parece convencer más al Gobierno valenciano que la voluntad de compra apuntada desde Sepides. Y, en caso de empate a votos entre ambas administraciones, decidiría el voto de calidad de la presidenta del Consejo de Administración, la secretaria autonómica María José Mira, que ocupa ese cargo por delegación del conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Impago a trabajadores

Entre los perjudicados por esta compleja situación figuran los cuatro trabajadores de la sociedad: una auxiliar administrativa, un administrativo, un ingeniero de obras públicas y una ingeniera industrial, que llevan sin cobrar desde mayo y con los que Mira se comprometió esta semana a «solucionar la situación, gracias al respaldo del IVF». En cuanto a las empresas llamadas a abarrotar Parc Sagunt, a principios de mayo se acordó abaratar una media del 13% el precio de las parcelas y, aún así, no se ha recibido oferta alguna por las 23 disponibles para uso industrial, logístico y terciario.

Según distintas fuentes consultadas por este periódico, en ese magro resultado pesa sobre todo la inseguridad jurídica y la incertidumbre sobre la finalización del parque y la mejora de los accesos, punto donde cobran fuerza las reivindicaciones de «inversiones estratégicas para el presente y futuro de la Comunitat, como Parc Sagunt, el Puerto de Valencia y la conexión ferroviaria hacia el Cantábrico por Zaragoza» que, según denuncia el comité ejecutivo de la patronal de Valencia, la CEV, «están siendo sistemáticamente obviadas por el Gobierno».