El nuevo plan de Rafael Climent deja en el aire la libertad horaria en las zonas turísticas

La posibilidad apuntada por el conseller de Economía, Rafael Climent, de declarar nula la libertad horaria aprobada por el PP trasciende el ámbito municipal de Valencia y Alicante, en el que se ha centrado la problemática de los horarios comerciales, y deja en el aire la apertura en domingos y festivos en todas aquellas zonas de la Comunitat Valenciana declaradas como de gran afluencia turística por la Generalitat en los últimos cuatro años.

El «borrón y cuenta nueva» que estudia ahora Climent y que, por plazos, no cambiaría nada este verano dado que requiere el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu a la nulidad de las resoluciones autonómicas dictadas por los anteriores gobernantes, obligaría a cada municipio a volver a tramitar la petición ante la Conselleria para que ésta subsanase la falta de audiencia a los interesados que cuestionó la Abogacía de la Generalitat, antes de dictar la nueva resolución que autorizaría (otra vez) la libertad horaria.

El alcance de ese nuevo plan, más allá de las ciudades de Valencia y Alicante a las que la ley estatal obliga desde 2012 a tener al menos una zona con libre apertura en festivos, es precisamente una de las cuestiones que más preocupa a distintos agentes del sector consultados por LAS PROVINCIAS, que reclaman seguridad jurídica, diálogo y también «no crear problemas allí donde no los hay, como en municipios de costa donde no hay grandes superficies y está perfectamente aceptado que se abre en Semana Santa y verano», en palabras del director de la Asociación de Supermercados de la Comunitat (Asucova), Pedro Reig.

Desde el departamento de Climent aseguraron ayer a este periódico que si esta vía acaba prosperando y los ayuntamientos afectados reafirman su interés en tener libertad horaria, «se aplicará el sentido común para buscar una fórmula que permita que, mientras se repite la tramitación autonómica, los establecimientos no tengan que cerrar».

Este nuevo escenario se baraja ahora como alternativa al mero restablecimiento de la restricción de la libertad horaria aprobada hace meses en Alicante y Valencia, que Economía dejó sin efecto en mayo por los errores en el procedimiento señalados por la Abogacía General de la Generalitat y que preveía recuperar en un plazo de dos meses que todavía no ha empezado a contar.

Después de esa previsión llegó la demoledora carta de la CNMC con la advertencia de que podría impugnar esas restricciones por injustificadas, a continuación, el escrito de grandes superficies, hoteleros y consumidores para abrir todos los festivos de julio y agosto y probar así la apertura estacional que plantea Climent -que no secundaron el resto de agentes del comercio- y esta misma semana, la última propuesta del conseller de Economía, que distintas voces del sector vinculan con la cita electoral del domingo.

Mientras desde Anged aplazan sus valoraciones hasta conocer en detalle los planes de Climent, entidades como Asucova, la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (Cecoval) y la de Comerciantes y Autónomos (Covaco) critican la falta de información. Desde Asucova urgen a convocar al Observatorio de Comercio para «aclarar qué se quiere hacer y cómo», Isabel Cosme remarca que «ya es momento de que se comunique cada paso que se da» y, desde Covaco, opinan que «hacen falta poner orden».

Convalidar trámites

Si finalmente la Conselleria aprovecha la falta de audiencia a interesados -alegada por recurrentes como El Corte Inglés en Alicante y constatada por Abogacía- para volver tan atrás como la ley le permite, a 2012, con el argumento de que el Gobierno de Fabra tampoco escuchó a los afectados antes de autorizar la libertad horaria, en teoría podría «convalidar la tramitación municipal», darla por buena una vez ratificada la voluntad del ayuntamiento y centrarse en subsanar los errores autonómicos con la publicación en el DOCV del proceso de audiencia, la recepción de alegaciones y la incorporación del resultado y de la justificación a las futuras resoluciones, según la hoja de ruta que manejan.

El principal escollo de esa vía es, nuevamente, el riesgo de que acabe en los tribunales y de ahí que Climent apele al acuerdo y a las «concesiones de todas las partes» para evitar la temida judicialización.