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RICARDO FERNÁNDEZ
Miércoles, 13 de julio 2016, 20:52
La 'Operación César', que investiga una monumental trama de corrupción que se habría lucrado saqueando los fondos estatales destinados a construir la línea del AVE entre Crevillente y Murcia, ha dado el salto al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ante las evidencias existentes de que al menos uno de sus altos responsables, José Luis Martínez Pombo, jefe de Infraestructuras de la línea Madrid-Levante, habría colaborado activamente con la presunta organización delictiva.
Este directivo, que ha permanecido un tiempo en prisión como sospechoso de delitos de pertenencia a banda criminal, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, habría amasado grandes cantidades de dinero supuestamente desviadas ilegalmente de las obras del AVE.
Tanto es así, que los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil han constatado que en 2012 aprovechó la amnistía fiscal para regularizar casi dos millones y medio de euros y siguen ahora la pista de al menos un millón que tendría en bancos suizos y de otros casi 1,5 millones transferidos a Luxemburgo, Austria e Irlanda.
Esta presunta trama de corrupción fueron desveladas cuando quedó descabezada la antigua cúpula del Juzgado de Aguas de Orihuela. El presunto fraude se habría cometido a través de dos vías: la sobrevaloración del coste de los proyectos para reparar la red de acequias y la emisión de facturas falsas para justificar trabajos no realizados. Unas supuestas maniobras en las que habría participado de manera fundamental la constructora murciana Obras Marimar SL.
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