Rafael Montero, acosado por la Justicia

valencia. Después de casi 40 años siendo el factótum de la Confederación Empresarial Castellonense (CEC), Rafael Montero no quiere dar por perdida la que parece ser su última batalla. Exgobernador civil de Castellón en los tiempos de la Unión de Centro Democrático (UCD), la desmembración del partido le hizo recalar en la recién nacida organización empresarial y desde entonces hasta ahora su sombra ha recorrido todas las esferas de poder que conectan lo económico y lo político en la provincia, y, en no pocos momentos, por toda la Comunitat Valenciana.

Con la sucesión de acontecimientos que le han rodeado esta semana, cualquier otro habría presentado su dimisión para iniciar con ello su paso al retiro. Sin embargo, desde el tejido empresarial se reconoce que Rafael Montero es de otra madera y ante la presión, ha optado por crecerse.

Así, el pasado martes fue el único miembro de la cúpula de la CEC que no dimitió. Y eso que, ante la situación económica de la organización (que para muchos debía solicitar ya el concurso de acreedores), abandonaron el cargo sus tres vicepresidentes y su máximo responsable, José Roca, cuestionado además por irregularidades en el reparto de fondos en los cursos públicos de formación.

Lejos de amedrentarse, Montero decidió tomar las riendas de la situación y asumió el papel de portavoz de la gestora que se constituyó el jueves para llevar mínimamente la organización hasta una asamblea el 8 de agosto y a la elección de una nueva presidencia en un plazo que no se estima menor de dos meses.

Sin la más mínima autocrítica a la gestión realizada por él mismo, ha decidido identificar un enemigo que aglutine al empresariado local y salvar con ello las críticas que pudieron verterse contra él en su propia casa. Para Montero, lo que urge es defenderse de las organizaciones patronales de Valencia por una presunta intención de controlar desde la capital la provincia norte.

En esas estaba cuando el viernes el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules comunicaba la conclusión de la causa de los cursos de formación de la patronal y decidía procesarle a él y al responsable de esa materia en la CEC junto a tres empresarios por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en 2009 y 2010. Entre los cinco habrían intercambiado facturas falsas por cursos que no se habrían realizado por un valor de 1,8 millones, de los 12 millones que habría recibido la organización para ese fin.

Además, el juez apunta en el auto que, de esos millones pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos con destino, por el momento, desconocido. Se daba el caso que, en aquellas fechas, Montero era secretario general de la autonómica Cierval, que asignaba los fondos, y de la CEC, que los ejecutaba.

Ni por esa nueva condición de procesado Montero dejó su empleo en la patronal ni renunció a captar apoyo para no ser despedido en la próxima asamblea estival. Aunque nunca se había visto tan cercado por los acontecimientos, lo cierto es que ya en un pasado reciente conoció el castigo.

Así, fue sancionado con 55.000 euros como consejero de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) al quedar la sociedad por debajo de los requisitos mínimos de solvencia y no hacer nada. Aún así, siguió en ella tras su remodelación, a pesar también de conocerse que su despacho pasó facturas a cargo a la sociedad avalista durante décadas sin una justificación al uso.

Aunque no faltan empresarios que ven el fin de su poder muy cerca, no es difícil encontrar a alguien que prefiera estar en guardia para esta escena final. Montero no es de los que se rinden y en esta ocasión no parece que vaya a hacer una excepción.