La patronal nacional de la estiba tumba el pacto de empresas y sindicatos en Valencia

La esperanza de un desbloqueo de la situación del Puerto de Valencia hace aguas poco más de 10 después de lo que parecía un principio de acuerdo entre patronal y sindicatos. La organización empresarial española de la estiba, Anesco, ha emitido un informe negativo al acuerdo alcanzado entre la patronal Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia (Sevasa) y los sindicatos para el puerto de Valencia por considerarlo «jurídicamente inviable». El visto bueno de la organización nacional era la condición que fijaron las empresas valencianas para ratificar el acuerdo alcanzado.

Con el sí de Anesco se tenía que ir al Tribunal de la Competencia para intentar zanjar los posibles inconvenientes y, de paso, establecer un referente a tener en cuenta en el resto de negociaciones de convenio para el resto de puertos del Estado. El paso era especialmente relevante, teniendo en cuenta que el sector está pendiente de la reforma de la ley española de la estiba, exigida por los tribunales europeos y aplazada hasta tener un nuevo gobierno en España.

Sólo con la aceptación de la propuesta acordada hace 14 días, los sindicatos de la estiba, capitaneados por Coordinadora, aceptaban doblar turno para recuperar parte del tiempo perdido y que se incorporaran 85 trabajadores para cubrir las vacaciones de verano y otros 250 que englosaran la bolsa de trabajo para futuras bajas y sustituciones. Sólo así podría el puerto de Valencia intentar recuperar sus niveles de tráfico, mermados en julio en un 20%, con el consiguiente daño comercial para la instalación.

Pero no va a poder ser, al menos como estaba previsto. Basándose un informe del despacho jurídico Cuatrecasas, Anesco advierte que no se pueden aceptar las llamadas actividades complementarias, que son una de las reivindicaciones fundamentales de los estibadores.

Esta consiste fundamentalmente en la asunción definitiva por parte de los estibadores de actividades que legalmente no son de su exclusiva competencia, como la carga y descarga de vehículos, y que asumieron en negociaciones pasadas. De hecho, este trabajo lo realizaban antes taxistas de Valencia que recibían una remuneración muy inferior a la que actualmente obtiene un trabajador de la estiba.

Otro de los puntos a los que se opone el informe de Cuatrecasas se refiere a los convenios en franja, una propuesta de los sindicatos para saltarse la posible prohibición de una negociación agrupara con toda la sociedad de estiba. Estos consisten en firmar acuerdos individuales entre los sindicatos y cada empresa miembro de la sociedad de estiba, para luego establecer un convenio general para todos.

Nuevas líneas rojas

Tras la negativa de Anesco, la negociación vuelve al punto de partida y con nuevas líneas rojas. Por el camino se han perdido meses de negociación, especialmente en las últimas seis semanas, además de carga y negocio en el puerto de Valencia. Según fuentes portuaria, durante el mes de julio ha sido necesario desviar un 20% de las embarcaciones que debían atracar en la instalación valenciana y que fue imposible asumir.

Su destino ha sido principalmente el puerto de Sagunto, que al menos está bajo al jurisdicción de la Autoridad Portuaria de valencia (APV), pero también otras navieras han optado por Castellón y Barcelona, competidores directos del puerto valenciano que aspiran a fidelizar estas visitas inesperadas.

Hoy se ha convocado un encuentro los responsables de la Sevasa y los sindicatos para analizar la situación y buscar una salida a este cuadro que parecía descartado por algunos participantes. De hecho, ayer se había convocado reuniones con los trabajadores para anunciar la esperada ratificación por parte de Anesco de la propuesta valenciana (que no se ha producido) y la puesta en marcha de la medidas contempladas en este acuerdo.

Por otra parte, el 1 de enero expiró el plazo para modificar la Ley de Puertos española, como ordenó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2014. La sentencia obliga a liberalizar tanto la entrada de empresas como de trabajadores en las labores de la estiba, entre otras medidas. El 28 de abril la Comisión Europea advirtió sobre el riesgo de sanciones de 10.000 euros por día de retraso. No cambiar la ley se puede acabar pagando.