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Á. M.
Martes, 27 de septiembre 2016, 20:40
Los expertos en márketing destacan como que la imagen de una empresa se ve condicionada por los valores que le rodean y transmite. Sea cual sea su sector, las compañías buscan que ese intangible sume y no reste, para lo que asumen inversiones en responsabilidad social empresarial y otras acciones positivas que quieren identificar con su marca.
Sin embargo, el miércoles 27 de enero la Guardia Civil puso en marcha la Operación Taula dentro del Caso Imelsa, que se presentó como la mayor trama de corrupción en la Comunitat y que llevó a la detención del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, junto a una veintena de políticos y empresarios. A estos últimos se les acusa de haber participado con sus empresas en actividades irregulares, asociando su marca a este episodio.
Esta es la razón por la cual tres de las compañías cuyos responsables tuvieron que conocer los calabozos o han quedado desde entonces vinculadas a ese episodio están cambiando sus nombres. Por el momento ya son tres las que los han hecho, incluyendo la salida voluntaria de su presidencia en dos de ellas. Una de las últimas que lo ha hecho ha sido Construcciones Luján, que desde el pasado mes de agosto ha cambiado su marca por la de Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos (Itercon).
De paso, ha sustituido la denominación de otra de sus mercantiles, Luján Servicios, que se encargaba de ofrecer actividades de jardinería y mantenimiento de instalaciones, por otra nueva denominación: Infraestructuras y Servicios Servitria. Por su parte, el presidente en ambas ya no es Francisco Javier Luján, detenido en el transcurso de la Operación Taula, sino que el hasta ahora consejero delegado de Construcciones Luján, Gabriel Fernández, asume la máxima representación en todos los casos.
La primera empresa vinculada al caso que recorrió un camino similar fue Engloba, presidida por el también detenido el día 27 de enero de esta año José Adolfo Vedri, citado en las grabaciones como Sadol. En esta ocasión, lo que ocurrió a mediados de abril de este año fue un traspaso del personal y de los clientes desde la mercantil afectada por la investigación a la nueva Weaddyou.
Según se ha asegurado desde el primer momento en la nueva empresa, los 35 empleados que se mantenían en Engloba serían los que constituyeron la nueva agencia que pretende «seguir ofreciendo sus servicios a los clientes, que han seguido confiando» en ellos.
La coincidencia en la dirección de las oficinas, situadas en la calle Gobernador Viejo 29 de Valencia, se explica desde la empresa por la imposibilidad material, técnica y económica de hacer «un parón» y mudarse. Sin embargo, la nueva empresa ha pasado a ser inquilina de la sociedad Wayco, que gestiona el inmueble como un 'coworking' o centro de trabajo compartido. El edificio es propiedad de Engloba pero, según el registro mercantil, esta arrendadora no tiene vinculación con Vedri, pero sí es socia de la agencia Weaddyou.
Entre medias, los responsables tras el cambio de gobierno de la propia empresa dependiente de la Diputación de Valencia que da nombre al caso, Imelsa, también decidieron hacer cambios. Desde junio se llama Divalterra y la intención de este cambio de imagen corporativa es convertir a esta empresa pública en un «referente de gestión eficiente y de calidad» porque, según explicó su cogerente, Víctor Sahuquillo, la marca Imelsa -empresa de la que deriva- «ya murió y está en los tribunales».
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