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Martes, 1 de noviembre 2016, 23:49
Casi una decena de querellas presentadas contra la cúpula del Banco de Valencia han motivado la instrucción que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que debe esclarecer si los consejeros de la entidad (o parte de ellos) y el auditor del banco eran conocedores de los errores contables que desde 2008 estaban advirtiendo los inspectores del Banco de España. De hecho, el consejo de administración llegó a comprometerse por escrito a ampliar el capital lo que fuera necesario y provisionar adicionalmente a lo necesario en enero de 2011 unos 200 millones.
Sin embargo, nada de esto se hizo ni se comunicó a las accionistas en la junta general de la entidad, que se celebró tras una advertencia de nuevos incumplimientos desde el Banco de España. Tampoco se dijo nada de los altos niveles de morosidad ni de los baja cobertura de riesgos. De hecho, uno de los puntos claves en los que se apoyan los querellantes es que tras repetidos informes y advertencias, la entidad anunció tras el primer semestre de 2011 unos beneficios de 16,7 millones, cuando el año terminó cerrándose con unas pérdidas de 922 millones de euros que los análisis sitúan procedentes de ejercicios anteriores.
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