La cúpula de Bankia decidió dejar sin control al Banco de Valencia

El equipo de inspectores del Banco de España alertó de la falta de control por parte de Bankia, presidida entonces por Rodrigo Rato, sobre las actividades de su filial Banco de Valencia. Así figura en correos electrónicos y actas de reuniones internas del órgano supervisor de hasta siete meses antes del agravamiento de la situación de liquidez de la entidad decana del sistema financiero de la Comunitat Valenciana. Esta situación llevó al consejo a pedir la intervención por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), a iniciativa de la propia BFA-Bankia, su principal accionista.

Los documentos en poder del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que forman parte de la instrucción de las denuncias contra el consejo de administración del banco por supuesta falsificación de las cuentas, reforzarían la tesis defendida en su día por ciertos sectores de la ciudad que criticaron a la matriz por haber dejado caer de forma consciente al banco, cuyo presidente era José Luis Olivas, también vicepresidente de Bankia.

De hecho, el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, escribe en un correo electrónico de coordinación con su equipo, remitido el 25 de marzo de 2011, que «la situación de Banco de Valencia en Bankia no es de autonomía, sino de despiste. Y eso es muy peligroso».

De hecho, relata como una de las personas a sus órdenes había hablado con el responsable de Tesorería de Bankia (procedente de Caja Madrid), Jaime Comunión, sobre el impacto de Banco de Valencia en la bajada de 'rating' que había sufrido la entidad y éste le había respondido que el Banco de Valencia no lo gestionaba él, porque «no se gestionaba centralizadamente».

Casaus señala en el correo electrónico a su equipo que «esto, tras la revisión de Moody's del 'rating' de Banco de Valencia (que lo desaconsejaba como inversión por alto riesgo), se antoja un riesgo grave... salvo que la posición que remite Bancaja al Tesorero de Bankia para la gestión centralizada de éste incluya las necesidades del Banco de Valencia», lo que no resultó ser así.

«El problema Banco de Valencia», como llegan a referirse en las comunicaciones internas los inspectores, era un asunto que inquietaba en el supervisor, según recoge el acta de la reunión semanal de los miembros de la intervención del Banco de España del 10 de marzo de 2011. En ella, el inspector Pedro Comín señala que en una reunión celebrada la víspera entre él y el entonces consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, le advirtió que en el Banco de España estaban «incómodos con la situación» de la entidad, «porque da la sensación de que en la práctica no está controlado por Bankia, ya que el control tiene que ir mucho más allá del nombramiento de los responsables».

Promesas incumplidas

De hecho, queda constancia en el acta de esa reunión que la auditoría interna de Bancaja «nunca entró a fondo en Banco de Valencia». Comí asegura que «los riesgos son importantes», ante la ampliación de capital a la que se había comprometido la entidad (y que en ese momento no se sabía que nunca llegaría a realizar), con una acción que calificó como «claramente sobrevalorada» y el cierre de la inspección de las cuentas de 2010 que «la alta dirección (del Banco de Valencia) pretende dilatar aún más».

El tema preocupaba, y mucho, al equipo del Banco de España. De hecho, una semana antes, se había tratado en el mismo foro, advirtiendo que el Banco de Valencia se resistía a depender de BFA-Bankia, su matriz, «pero que al final tendrá que dar su brazo a torcer porque no tendrá más remedio».

Sin embargo, el Banco de España tuvo que esperar al diagnóstico financiero que encargaron a Pricewaterhouse Coopers (PwC) y que no estaría en su poder hasta poco más de dos meses antes de la intervención, producida en noviembre a petición de BFA-Bankia como principal accionista.

Este documento estimó que, a 31 de diciembre de 2010, la entidad que presidía José Luis Olivas, tenía unas pérdidas no provisionadas de 872 millones de euros. En concreto, la pérdida esperada correspondiente a la inversión crediticia de entre 1.164 y 1.449 millones de euros de las que no estaban provisionadas entre 762 y 1.047 millones de euros. De activos inmobiliarios, las pérdidas detectadas eran de entre 330 a 375 millones, de los que sólo se aprovisionó entre 110 y 155 millones.