El Consell reduce a la mitad las inspecciones contra el fraude en los impuestos que gestiona

Si cuentas de la Generalitat eran ajustadas, ahora se suma la caída de la recaudación en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Estos dos tributos, cedidos a la administración autonómica, son la principal responsabilidad del Consell en el control del fraude fiscal.

El número de inspecciones -la palabra técnica es liquidaciones- se ha reducido un 50,94% en un año. En términos absolutos, la Comunitat ha pasado de revisar 46.426 expedientes en los primeros nueve meses de 2015 a 22.775 en el mismo periodo de este año, según los datos facilitados por la conselleria de Hacienda a LAS PROVINCIAS.

En cuanto al impacto económico sobre las arcas públicas, el departamento de Vicent Soler revela que los ingresos recaudados por estos dos impuestos cedidos han caído un 37% al haber pasado de 33,4 millones de euros a 20,8 millones en el mismo periodo de 2016. Hay que señalar que estos datos corresponden a la labor de gestión de las delegaciones del Instituto Valenciano de la Agencia Tributaria (IVAT), dependiente de la conselleria de Hacienda, junto a las oficinas liquidadoras que se reparten por todas las comarcas de la Comunitat.

Estos datos chocan con el último mensaje de la conselleria en este sentido. Hace apenas un mes, este departamento destacó la labor contra el fraude fiscal por haber «incrementado la recaudación en sucesiones, donaciones y transmisiones en 24 millones de euros». Sin embargo, esa cantidad corresponde a las autoliquidaciones, es decir, las declaraciones propias de los contribuyentes a la hora de realizar donaciones, comprar inmuebles y demás operaciones.

Según explican fuentes cercanas al IVAT, son las liquidaciones ejecutadas por la administración las que miden la efectividad de la lucha contra el fraude fiscal. Tanto este ente como las oficinas liquidadoras se encargan de revisar los expedientes para comprobar que las declaraciones son correctas y, por tanto, para detectar casos en los que el contribuyente no paga lo que corresponde, ya sea de manera intencionada o no.

¿A qué se debe que las liquidaciones se hayan reducido a más de la mitad? Según explican fuentes de la conselleria, se debe a un cambio en el sistema de valoración de los inmuebles. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat anuló, el pasado 28 de octubre de 2015, la orden que regula el procedimiento de comprobación de valores del artículo 57,1b de la Ley General Tributaria, conocido como 'aplicación de coeficientes sobre el valor catastral', «cuyo uso implantó el anterior Consell», afirman a este diario. «La Generalitat dejó de usar este método, que ha ocasionado numerosos problemas de litigiosidad, así como condenas en costa», añadieron.

No obstante, fuentes sindicales del instituto tributario alegan que no todas las comprobaciones de valor se realizan por orden de coeficientes, sino que hay otras que deben ejecutarse por visita física. «Esas no se ven afectadas por la sentencia, por lo que la reducción de liquidaciones en ese sentido se debe a la falta de personal», argumentan en alusión al cese de 38 técnicos interinos encargados del departamento de gestión de los impuestos cedidos el pasado mes de mayo en el IVAT. Por su parte, desde la conselleria rechazan esa explicación y sostienen que la reducción de liquidaciones también se ha producido en las oficinas liquidadoras, donde no hubo ningún despido.

Por otra parte, tras esta caída en la recaudación, el departamento de Hacienda quiere incrementar los ingresos por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones mediante la supresión de las deducciones y bonificaciones de las que se benefician los contribuyentes hasta ahora y que desde 2017 significará duplicar el coste fiscal de estos trámites y operaciones.

La medida, cuyo objetivo es oxigenar las cuentas de la Generalitat, no sienta demasiado bien a varios colectivos. Entre ellos, a las empresas familiares. Precisamente, el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) volvió a manifestar su malestar por este motivo el pasado jueves. El presidente de la entidad, José Bernardo Noblejas, critica que la pérdida de ventajas fiscales agrava la sucesión de una empresa de padre a hijo. En cuanto a las herencias, las bonificaciones se recortarán del 75 al 50%.