INÉS HERRERO
Martes, 13 de diciembre 2016, 00:01
valencia. En apenas un mes, la patronal autonómica Cierval ha pasado de pactar con las provinciales una refundación que preveía un nuevo reparto de poder, y en la que la viabilidad se daba por garantizada, a ver peligrosamente cerca la perspectiva de verse arrastrada al concurso de acreedores por las dificultades de Coepa (Alicante) y la CEC (Castellón). Su presidente, José Vicente González, no veía probable ese horizonte pero, como publicó este periódico, tampoco lo descartó porque seguía a la espera de que el Consell accediese a aplazar la devolución de los 600.000 euros que le reclama por irregularidades en la gestión de acciones formativas. Ahora, la Generalitat ha rechazado esa petición y la obligación de hacer frente a los pagos que no puedan asumir las provinciales -básicamente la CEC, en concurso-, deja a Cierval a un paso del preconcurso, mientras se despide de sus planes de cerrar la reforma del modelo este año.
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Desde Cierval señalaron ayer a LAS PROVINCIAS que el viernes se reunirán la junta directiva y el comité ejecutivo para evaluar la situación económica de la patronal, que reformulará sus cuentas de 2015 para elevar las pérdidas de 900.000 euros a millón y medio de euros antes de someterlas a la asamblea ordinaria del día 21, junto con el presupuesto de 2016, y decidirá si presenta el preconcurso para ganar tiempo e intentar evitar el concurso.
Si lo hace, tendrá un máximo de cuatro meses para negociar con la Generalitat y también para tratar de llevar a buen puerto la refundación planteada, que debía aprobarse en la asamblea extraordinaria del próximo día 21 pero ayer se desconvocó por las reticencias planteadas por los representantes de Coepa a sus socios de Valencia y de Castellón.
«Seguimos apoyando la refundacion totalmente pero creemos que hay que madurar los estatutos, hace falta más plazo para trabajarlos», explicaron a este diario fuentes de Coepa, que restan dramatismo a la antigua suspensión de pagos. «Si Cierval va a concurso de acreedores no se acaba el mundo, en Alicante lo hicimos y aquí estamos, vivos, reforzados y con un plan de viabilidad que vamos a cumplir», sentencian.
En cuanto a los 600.000 euros que reclama la Generalitat, desde Cierval insisten en que podrían pagarlos de forma escalonada, mientras desde la Conselleria de Hacienda se muestran abiertos a «reconsiderar la denegación de este segundo aplazamiento, una vez presente las garantías exigidas por la legislación», aval, fianza o crédito-caución.
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También ofrecen a Cierval compensar esa deuda por «cursos que no llegaron a realizarse, lo que comportó la devolución de las ayudas», con el anticipo de las ayudas de la ley de participación institucional de 2017.
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