Las acusaciones que han quedado en nada

La investigación iniciada hace dos años por la fiscalía sobre los sobrecostes y supuestas irregularidades cometidas en Feria Valencia, ahora archivada, estaba llamada a convertirse en el mayor caso de corrupción que afectase al PP. O eso, al menos, vaticinaban insistentemente los entonces partidos de la oposición, hoy al frente de las instituciones valencianas.

Desde la aparición del informe en el que la Intervención General de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Hacienda, sostenía que las obras de ampliación del recinto incurrieron en sobrecostes millonarios y cuestionaba diversos gastos, se multiplicaron las acusaciones de despilfarro y mala gestión hacia responsables populares.

Ximo Puig exigió, ese mismo día, que la fiscalía actuase ante «una prueba más de lo que ha venido pasando en la manera de gestionar el dinero público de los valencianos por parte de la Generalitat», que ahora preside. Criticó entonces, en septiembre de 2014, el «nuevo escándalo grave» sobre las «muchas cosas lamentables» vividas en la feria, a la que se refirió como «una cueva oscura» que urgía investigar en una comisión parlamentaria que, a fecha de hoy, apenas ha comenzado su andadura. Según su presidenta, Rosa García, faltaba información de la institución y había «carpetas vacías», algo que desmintió en octubre la dirección de la Feria, que volvió a remitir los datos.

Mientras se debatía sobre la naturaleza pública o privada de la institución ferial, inmersa ahora en una refundación en la que la Generalitat asumirá la deuda de 520 millones de euros más los intereses hasta 2029 y se buscarán socios privados para la gestión, la vicepresidenta Mónica Oltrade Compromís, se refería a la Feria como «otro ejemplo de la mala gestión» del PP y abogaba por reclamarle los cerca de 200 millones asumidos hasta entonces para afrontar los vencimientos de los créditos para pagar las obras, lo que la habría abocado a la quiebra.

Desde las filas de la oposición, se reprocharon insistentemente los costes de la reforma y los «gastos indebidos» en viajes, dietas del consejo e, incluso, costoso mobiliario que supuestamente no aparecía. Entre los más vehementes a la hora de las acusaciones sobre las presuntas irregularidades que ahora han quedado en nada figuraban asimismo los socialistas Manolo Mata y José Muñoz -miembro de la gestora del PSOE-, que repetían el pronóstico de que sería el mayor casode corrupción, junto a otros como Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, o Mireia Mollà, de Compromís.