La burbuja inmobiliaria que viene

Clara Docampo vive en Manresa y lleva meses buscando, sin éxito, un piso para alquilar en el centro de Barcelona. Aspira a uno de entre 60 y 70 metros cuadrados, dos dormitorios y ascensor. «Si limito el rastreo a los barrios más céntricos de Ciutat Vella, el Eixample y Gràcia, el precio no baja de los mil euros», una cantidad para ella exorbitante. Y eso que para sufragarlos cuenta con la contribución de su novio. Por eso ha ampliado el círculo a zonas más asequibles, como Poblenou y el Carmel, donde los alquileres oscilan entre los 750 y los 850 euros. Pero, conforme baja el umbral, empiezan a aflorar las desventajas. Las tribulaciones de Clara, de 33 años, para encontrar un piso a un coste accesible sin habitar un zulo inmundo son las mismas que acechan a muchos barceloneses, que han visto cómo los precios del alquiler se disparaban a la velocidad de un cohete. A una escala menor, el problema afecta también a Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga...

Para el Ayuntamiento que rige Ada Colau, la burbuja inmobiliaria ha renacido de sus cenizas, aunque esta vez se ha asentado en el lado de los arrendamientos y no de la vivienda en propiedad. A raíz de la ingente demanda, el Consistorio estudia cómo atemperar las subidas. Entre las posibilidades, contempla una fórmula para imponer límites al libre flujo de los precios, «como ya han hecho Berlín y París, ciudades grandes que suscitan la llegada de mucha gente, lo que hace que la vivienda se convierta en un bien escaso y cotizado», aseguran desde el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, los municipios carecen de las suficientes competencias para actuar en este campo. De ahí que el Gobierno de Colau intente crear un estado de opinión favorable a esta medida y presionar a la Generalitat, que prevé renovar el año que viene la Ley de Arrendamientos Urbanos. El gerente municipal de Vivienda, Javier Burón, cree que sólo con hacer públicos unos índices de precios de referencia fiables se moderaría el coste de los alquileres. Con esta iniciativa se protegería no sólo al usuario, sino también al propio mercado inmobiliario, en peligro, según Burón, de sufrir un desplome.

Para David Herencia, portavoz del portal Idealista, la vivienda en alquiler en Barcelona experimentó un crecimiento del 7,7% en el tercer trimestre de 2016, de modo que el ascenso interanual se sitúa en el 18,5%. En paralelo, Madrid registró un aumento del 14,6%; Mallorca, del 14,3%; y Valencia, del 13,2%. La Administración de la Ciudad Condal reduce la subida a unas cifras que oscilan entre el 6 y el 7% en 2015. «Una cosa es lo que piden los propietarios y otra lo que realmente se firma como fruto de la negociación», puntualiza. Pero a corto plazo pintan bastos. Para 2017, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) calcula un encarecimiento de dos dígitos.

A causa de esta maraña de desmanes, se están produciendo dos fenómenos: la expulsión de los vecinos tradicionales de los barrios y su sustitución por otros con mayor poder adquisitivo -que empieza a acuñar el término de 'gentrificación'-, y el incremento de los desahucios por impago. «Si quiero hacer una fotocopia tengo que desplazarme un kilómetro», denuncia Jaime González, que reside en el barrio de la Ribera. «No hay fruterías ni comercio de proximidad», abunda. La tendencia que empezó con la Barcelona olímpica de 1992 campa ya a sus anchas en el centro de la ciudad a raíz de la avalancha de turistas. En Madrid, esta marea de 'elitización residencial' conquistó Chueca, se extendió por Malasaña, un destino irrenunciable para cualquier 'hipster' que se precie, y ahora amenaza el barrio de Lavapiés. Primero se abren tiendas de ropa 'vintage', le siguen las boutiques para perros y, rematándolo todo, los despachos de pan artesanal y las cafeterías especializadas en la oferta de coloridos 'cupcakes'. Es el mismo proceso que ya han padecido el SoHo de Nueva York, Belleville en París, la Barceloneta o San Francisco, en Bilbao.

Carlos Slim y George Soros

Barcelona y las principales capitales españolas ofrecen un mercado de alquiler tan apetecible que no escapa al interés de los grandes inversores españoles e internacionales. A resultas de ello, ya no son los particulares quienes gestionan la parte del león del parque de viviendas arrendadas. La prueba es la proliferación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi). Se trata de empresas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de inmuebles para su arrendamiento. Estas compañías han metido el turbo en los últimos tiempos, a rebufo de los signos de recuperación económica y los augurios que pregonan que el sector inmobiliario ha tocado fondo. Se estima que una treintena de 'socimis' gestionan 20.000 millones de euros. El negocio está dando un giro brusco. De la mano de fondos de capital riesgo o grandes inversores, han desembarcado en España magnates como George Soros y Carlos Slim. Los viejos constructores de antaño han sido desplazados por sociedades como Merlin, Hispania, Lar o Axiare, y promotoras como VíaCélere o Neinor Homes. La crisis de los mercados financieros, además, se ha traducido en que el ladrillo, después de siete años de caídas, se ha vuelto a convertir en un refugio para los inversores.

Ciudad para ricos

Para Carlos Macía, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la dinámica del mercado está haciendo que se vuelva a especular con la vivienda. «Corremos el riesgo de que las familias sean expulsadas de Barcelona, que cada vez más es una ciudad para ricos», sentencia. De acuerdo con los datos que David Herencia maneja en Idealista, la velocidad con que se alquilan los pisos en la Ciudad Condal es de vértigo. «La mitad de los que se ponen en el mercado se contratan en un mes, y un 15% en apenas 48 horas». La fortísima demanda propicia que se alquilen incluso sin decorar ni pintar y en malas condiciones.

El 'boom' turístico que experimenta la capital catalana está haciendo que se detraigan del mercado pisos idóneos para el alquiler residencial, que acaban siendo ocupados por viajeros de paso. La plataforma Airbnb tiene mucha culpa. Es la misma que ha sido multada con 600.000 euros por el Consistorio de Ada Colau por anunciar pisos turísticos ilegales. Un informe del Ayuntamiento cifra en 15.881 los apartamentos turísticos: 9.606 tienen licencia y el resto -6.275, casi un 40%- operan al margen de las normas urbanísticas.