Alboraya tendrá que devolver 25 millones a la heredera de Astroc por un proyecto fallido

valencia. Quabit, la heredera de la inmobiliaria Astroc, le ha ganado la batalla judicial a Egusa, la empresa pública de suelo de Alboraya (Valencia). La mercantil municipal debe pagar un total de 25,7 millones de euros a la firma promotora por no poder llevar adelante un ambicioso proyecto urbanístico en Port Saplaya, que consistía en un complejo de 900 viviendas, un hotel, una marina, un auditorio y cientos de amarres.

Así lo determinó ayer el juzgado de primera instancia número 6 de Valencia, en una sentencia en la que ordena la devolución de 23,4 millones de euros que la compañía aportó por adelantado al municipio en 2008 para el desarrollo del proyecto, además del abono de 2,3 millones por los intereses devengados desde febrero de 2014, momento en el que la inmobiliaria decidió acudir a los tribunales tras el vencimiento del plazo para ejecutar el denominado Plan de Reforma Interior (PRI) UE-2 del Polígono II de Port Saplaya.

En diciembre de 2008, Egusa y Grupo Mediterráneo Costablanca -constituido conjuntamente por Astroc y Rosal- firmaron un acuerdo para desarrollar el plan urbanístico después de que ambas compañías resultasen adjudicatarias del concurso. Sin embargo, en enero de 2014 venció el plazo para ejecutar el proyecto sin que se hubiera puesto en marcha y la inmobiliaria reclamó a Egusa la resolución del contrato, por incumplimiento, y le exigió las cantidades adelantadas hasta entonces.

Según relata Quabit, ante la falta de respuesta por parte de la empresa pública, volvieron a requerirle la devolución de los fondos. Además, la inmobiliaria acusó al Ayuntamiento de Alboraya de vaciar «sin control» las cuentas de la sociedad pública de suelo del municipio, por lo que pidió que la responsabilidad contractual se extendiese también al consistorio. También denunció que Egusa no llegó a aportar los terrenos necesarios para la promoción del complejo urbanístico.

Por su parte, la firma pública se defendió de estas acusaciones ante el juzgado y argumentó que había realizado una serie de actuaciones cuyo coste implicó un «importante desembolso económico» y negó que el dinero aportado por la antigua Astroc se hubiese entregado o transferido al Ayuntamiento de Alboraya.

Sobre esta cuestión, el tribunal da la razón ahora al consistorio al entender que, en este caso, no puede exigírsele esa responsabilidad al consistorio, alo que agrega que no se acredita un mal uso o abuso de la empresa de suelo municipal.

Este último punto fue bien recibido ayer por el equipo de gobierno de Alboraya, que es precisamente uno de los consistorios más endeudados de España. «Estamos razonablemente contentos con el resultado porque ha quedado claro que no se pueden tocar ni los activos, ni los bienes del Ayuntamiento y que debe ser Egusa quien llegue a un acuerdo con la firma inmobiliaria», manifestó a LAS PROVINCIAS la teniente de alcalde, Ana Brúu.

Contactos sin resultado

Según Quabit, ambas partes han intentado «buscar soluciones al desarrollo del sector, sin que de momento haya fructificado ningún acuerdo», por lo que instará la ejecución del fallo para recuperar los fondos. Por su parte, Egusa recurrirá el dictamen judicial, según aseguró a este diario su presidente, Tino Martí. «Hemos estado sentándonos con Quabit para intentar llegar a un acuerdo y vamos a seguir haciéndolo», añadió Martí, quien confía en poder evitar el embargo de su única propiedad: el parking del centro comercial Alcampo, que «en su momento se valoró en más de 40 millones». «Tenemos firmado un Plan de Reforma Interior pero hay que tener en cuenta que han cambiado los gobiernos, se debe modificar el Plan General de Alboraya y hay nuevas legislaciones; por lo que ejecutar el plan no es algo que se haga de un día para otro», apuntó.