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europa press
Jueves, 9 de febrero 2017, 18:51
La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia (SEVASA) ha denunciado este jueves "la presión y caída de productividad" del colectivo de trabajadores desde que el Gobierno hizo pública su intención de reformar el sector mediante decreto ley, en cumplimiento de la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia Europeo, según han informado en un comunicado.
Las empresas están sufriendo, entre otras medidas coercitivas, "marchas lentas" en los muelles y "acciones injustificadas" dirigidas a "obstaculizar" la asignación del personal necesario para desarrollar con normalidad la actividad de estiba y desestiba.
Estas medidas de boicot por parte de los trabajadores, han destacado, han reducido aproximadamente un 60% la productividad en las terminales, "ocasionando graves perjuicios económicos a toda la cadena logística que requiere de los servicios del recinto portuario". En los últimos días, esta caída en el rendimiento "ya está ocasionando pérdidas muy importantes al conjunto de la comunidad portuaria", han indicado.
Desde SEVASA han apuntado que esta situación "está produciendo un daño irreparable para sectores estratégicos de la economía valenciana y de todo el hinterland del puerto de Valencia".
Entre los sectores de la Comunitat más sensibles a estas tensiones, han continuado, en la cadena logística destacan el automóvil, el agroalimentario y el textil.
"La actividad que se desarrolla en el recinto portuario es estratégica para la sostenibilidad de un modelo que genera riqueza y empleo, dentro y fuera del puerto; un empleo que se puede ver comprometido de persistir esta situación y provocar ajustes de plantillas en el tejido empresarial", han agregado en el comunicado.
Los puertos españoles generan más de 100.000 empleos directos, 60.000 indirectos y 116.000 inducidos; contribuyendo en algo más del 2 % al PIB por lo que es un termómetro directo de la estabilidad económica.
Presines a las empresas
Además, desde SEVASA han denunciado que "las empresas estibadoras están sufriendo presiones intolerables por parte de representantes sindicales, que exigen a cada una de ellas un posicionamiento público respecto a la reforma de la estiba que plantea el Ministerio de Fomento", por lo que han defendido el "derecho a reservar su criterio y a no exponerlo públicamente".
"Queremos manifestar el rechazo a estas medidas de coacción que impiden el normal funcionamiento de las empresas. Apelamos a la responsabilidad de la parte sindical en este proceso de reforma del sector exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De persistir esta anormal situación, --han señalado-- se solicitará la intervención de las autoridades competentes para que garanticen nuestro derecho a desarrollar con libertad y normalidad el trabajo de este sector, clave para la economía del país", han apostillado.
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