El conseller Rafael Climent tensiona a los comercios para que le resuelvan la libertad horaria un año después

Un año después de que la Abogacía de la Generalitat cuestionase la restricción de la libertad horaria impulsada por los gobernantes de Compromís y la Conselleria de Economía acabase autorizando la reapertura en domingos y festivos de los comercios afectados al mes de ordenar el cierre, no hay ni rastro de la ansiada solución definitiva que prometía el titular de este departamento, Rafael Climent.

De la intención inicial de Climent y su director general de Comercio, Natxo Costa, de corregir los errores cometidos para restablecer cuanto antes el cierre en festivos se pasó al plan de declarar nulas las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) autorizadas por el PP en 2013, que en noviembre frustró el Consell Jurídic Consultiu. Tras ese revés, Economía reformuló su iniciativa para acabar con la libertad horaria heredada de los populares en los tribunales, paradógicamente, a la vez que reclamaba un pacto al sector.

Así arrancó 2017, con Climent apremiando al comercio a aportar soluciones y la respuesta de las principales asociaciones del sector de que era él quien debía acudir con una propuesta bajo el brazo a la primera reunión del grupo de trabajo sobre horarios comerciales creado para evitar la judicialización de este asunto. La idea era alcanzar un «acuerdo unánime» a partir del recuperado plan de Climent de concentrar las aperturas en Navidad, Pascua y verano, aunque abierto a establecer formatos diferenciados.

Desde Comercio pasaron un cuestionario a los miembros de ese 'miniobservatorio' para conocer sus preferencias, les dieron hasta principios de febrero para justificar sus posturas con informes y, desde entonces, no ha habido más reuniones, aunque sí otros movimientos.

La estrategia de Climent pasa ahora por trasladar la presión a los comercios para que cedan, pacten una solución válida para toda la Comunitat y, cuando esté lista, se la pongan encima de la mesa para limitarse a darla por buena y poder zanjar así la polémica que tantos disgustos le ha causado con los agentes del sector e, incluso, con compañeros tanto del gobierno como de su partido.

Entre los movimientos llevados a cabo para poner toda la carne en el asador, destaca ese nuevo frente judicial contra las zonas de libre apertura declaradas en 2013. En teoría esa vía sólo se abrió porque expiraba el plazo para hacerlo pero el tiempo pasa y, como no hay pacto que haga aparcarla, ahí siguen los recursos contencioso-administrativos.

Al riesgo de sufrir una decisión perjudicial para los intereses de la gran distribución, que ahora goza de la misma libertad horaria que antes del cambio de gobierno, se unen las maniobras de Compromís para recabar apoyos en su ofensiva contra las aperturas en festivos. Como adelantó LAS PROVINCIAS, en la fallida legislatura anterior llevó al Congreso una proposición no de ley para que las grandes ciudades como Valencia y Alicante dejen de estar obligadas por ley a tener, al menos, una zona con libertad horaria. Esa iniciativa se recuperó esta legislatura y la diputada Marta Sorlí, de Compromís, ha mantenido contactos con la socialista Ana Botella para intentar asegurarse los apoyos de su grupo parlamentario.

También en el terreno político, desde Economía buscan hacer un frente común con otras comunidades que defienden un modelo similar. Climent y Costa se reunieron la pasada semana con la responsable catalana de Comercio, Muntsa Vilalta, y tras el encuentro subrayaron su coincidencia acerca de que la ley estatal «invade competencias autonómicas».

Uno de los últimos movimientos para tensionar al comercio y forzar un acuerdo, esta vez en el ámbito administrativo, es el cambio de criterio sobre la autorización de aperturas adicionales a las diez autonómicas cuando coinciden varios festivos. Antes las peticiones se aprobaban automáticamente, ahora sólo si están de acuerdo los sindicatos y el resto de afectados. Así se evidenció con motivo del 24 de abril, San Vicente, cuando quieren abrir los negocios del área metropolitana de Valencia pero Comercio respondió a los ayuntamientos que, sin el beneplácito sindical, sólo pueden cambiarlo por otro de los diez aprobados, como Alboraya, o cerrar, como parece que elegirán Aldaia, Alfafar, l'Eliana y Xirivella.