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INÉS HERRERO
Sábado, 6 de mayo 2017, 23:57
Los impulsores del complejo comercial Puerto Mediterráneo, que preveía una inversión de 863 millones y la creación de unos 6.000 empleos en Paterna, llevaron a los tribunales a finales de año la decisión del Consell de enterrar el proyecto tras cuatro años de trámites y 47 informes favorables. Esa vía judicial, abierta tras algún desplante y varios meses tanteando una solución negociada, se está demorando más de la cuenta porque desde el Consell no se ha entregado toda la documentación requerida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) para formalizar la demanda.
Según los documentos a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo reclamó en febrero el expediente administrativo del proyecto, archivado por resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que dirige la socialista María José Salvador. Los promotores, que tenían veinte días para entregar esa documentación y formalizar la demanda, comunicaron al tribunal que el expediente administrativo remitido por la Generalitat no estaba completo, ni tampoco numerado y acompañado de un índice como exige la legislación.
Faltaban, al menos, 19 informes y eso llevó al TSJCV a suspender, en marzo, el plazo dado a Intu Eurofund para formalizar la demanda y a ordenar a la Conselleria de Vivienda que completase el expediente. Entre la documentación que echan en falta los promotores figuran informes y estudios emitidos entre 2014 y 2016 por las Consellerias de Economía, Gobernación, Territorio, Medio Ambiente y Cultura, la Confederación Hidrográfica del Júcar o el Ayuntamiento de Paterna.
Tampoco constaba la documentación relativa a la solvencia de la mercantil impulsora de Puerto Mediterráneo, ni los escritos que presentó entre mayo y septiembre del pasado año -el archivo se produjo en octubre, al mes de la memoria ambiental desfavorable-, entre otras cosas para aportar datos sobre el sistema hidráulico, pedir información sobre la tramitación del proyecto o poner de manifiesto el «cambio de criterio» de la Conselleria, las modificaciones realizadas al proyecto y la «demora en la tramitación» de esta actuación territorial, declarada estratégica (ATE) por el PP.
En su petición, atendida por el TSJCV, los promotores argumentaban que la administración demandada debe aportar copia de todos los documentos y escritos de parte que obren en el expediente de Puerto Mediterráneo, máxime cuando esa documentación «debe haber servido de base para la fundamentación y determinación - a su juicio contraria a derecho- del acuerdo» por el que se tumbó el proyecto.
A finales de abril, el tribunal hizo entrega a los promotores del expediente administrativo remitido nuevamente por la Conselleria para que pudiese formalizar la demanda.
Sólo dos aportaciones
No obstante, desde Intu Eurofund comprobaron que la administración no había completado el expediente como le ordenó el TSJCV en marzo, sino que sólo aportó dos de los diecinueve documentos reclamados, ni había procedido a numerar adecuadamente toda la información.
Por este motivo, los promotores de Puerto Mediterráneo presentaron ayer un nuevo escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, prácticamente idéntico a la petición que formularon en febrero para exigir la documentación que falta y poder formalizar la demanda, planteada en diciembre y aún en el aire porque el expediente sigue incompleto.
Los promotores de Puerto Mediterráneo, que siguen acumulando apoyos, acudieron a los tribunales para defenderse de lo que consideran un fallo «erróneo y arbitrario desde el punto de vista jurídico, vulnerando los principios de seguridad jurídica y confianza legítima con la administración», basado en la decisión de la Comisión de Evaluación que preside el secretario de Medio Ambiente, Julià Álvaro (Els Verds).
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