Otro informe de la Udef suma 800.000 euros al fraude de las ayudas en el instituto Aido

La investigación de los agentes no deja de acumular pruebas acerca del millonario fraude cometido en el Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido). El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef), entregado recientemente en el juzgado de Paterna que investiga los hechos, suma al menos otros 819.000 euros defraudados por la entidad. Los especialistas, en este último dossier, han concentrado sus esfuerzos en los proyectos de 2012. Se trata de 14 trabajos en los que se repiten de manera sistemática una serie de irregularidades para obtener cuantiosas subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Pero en algún caso también se nutrían de fondos de la Unión Europea que llegó a financiar iniciativas con hasta el 80% del presupuesto total.

La policía describe de nuevo el método defraudatorio. No parece, al menos en esta fase de la investigación, un método para desviar dinero a intereses particulares sino que los indicios apuntan a que los responsables cometieron estas irregularidades para mantener la estructura de Aido. El informe policial insiste en que se han detectado numerosas falsificaciones documentales realizadas mediante el escaneo de facturas originales que habían emitido algunos proveedores de la entidad a las que se les modificaba, parcial o totalmente, el objeto o el concepto por el que se habían cursado. De tal forma que, tras esa variación, se podían incluir en los proyectos subvencionados y conseguir el reintegro de esas cantidades.

De nuevo, todas las sospechas se concentran en el que fuera director del centro, Emilio Pérez Picazo, quien presuntamente coordinaba toda la estructura para obtener y defraudar ayudas autonómicas, estatales y europeas. Se da la circunstancia de que en ese año (2012) llegó a ser el responsable del proyecto Promece, una especie de guía sobre la estrategia de Aido y el impulso de la web, entre otros objetivos.

Este caso sirve para ilustrar el resto de proyectos analizados que, en total, recibieron más de dos millones de euros en subvenciones. Por ejemplo, destaca la Udef que los gastos de personal (se contaban por horas) se registraban con independencia de si los empleados habían participado en el proyecto. Sólo un dato: el encargado de mantenimiento de Aido trabajó 597 horas en el desarrollo de un plan tecnológico. Algo ciertamente improbable.

En este proyecto se desarrollaron otras dos modalidades defraudatorias que se repiten en el resto de supuestos. Existe una empresa que admite que factura por un servicio inexistente. Se trata del intercambio de recibos con distintos proveedores que están siendo también investigados y sobre los que la Udef considera comprobada una facturación cruzada. De hecho, los investigadores cuestionan que todos esos servicios realmente existieran, limitándose el instituto y las empresas a girarse mutuamente facturas para poder incluirlas en los proyectos subvencionados.

Otra de las prácticas ilegales -en este mismo proyecto- es la manipulación de facturas. Así, una mercantil hizo un estudio sobre la intensidad lumínica que posteriormente desde Aido se manipuló la factura para introducirla en el proyecto Procemce. Otra factura para este mismo trabajo demuestra que se pagaron 13.000 euros por un informe de dos páginas que era una copia de datos de una herramienta de Google.

Este sistema, con algunas ligeras modificaciones, se repitió en el resto de proyectos, según constata el informe de la Udef. La causa contra las supuestas prácticas irregulares en Aido cuenta con cerca de una veintena de imputados. La policía, aparte de a Pérez, señala al subdirector de la entidad, José María Guijarro y a los responsables de I+D y a la encargada del área comercial.

El presunto fraude en subvenciones de Aido se descubrió tras una denuncia del propio Ivace. Pero la comunicación a la fiscalía se produjo, al parecer, por una venganza personal de uno de los directivos. Hasta ese momento, Aido había logrado sortear con éxito todos los controles de la Administración. Por ejemplo, las auditorías que los técnicos del organismo superior hacían para velar por el buen uso de los fondos, los controles de la Conselleria de Hacienda o los propios de la Intervención de la Generalitat.