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A partir del próximo 1 de enero, los contribuyentes dejarán de beneficiarse de las deducciones fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que han estado vigentes durante los últimos dos años. Estas ayudas, diseñadas para fomentar tanto la adquisición de vehículos eléctricos como la mejora de la eficiencia energética en viviendas, llegarán a su fin el 31 de diciembre.
La medida se enmarca dentro de las acciones comprometidas por el Gobierno español en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de avanzar hacia una movilidad sostenible y una reducción del consumo energético. Sin embargo, aunque los incentivos han supuesto un alivio económico para muchos ciudadanos, las metas propuestas aún parecen estar lejos de alcanzarse.
Tal y como recordó recientemente el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, estas deducciones han permitido a miles de personas reducir su factura fiscal al adquirir un vehículo eléctrico o acometer obras de mejora energética en sus hogares. Sin embargo, a partir del próximo ejercicio fiscal, aquellos que pretendan realizar estas inversiones tendrán que hacerlo sin el respaldo de estas ventajas tributarias, lo que podría afectar la demanda en sectores clave como la automoción y la rehabilitación de viviendas.
En el caso de los vehículos eléctricos, las ayudas fiscales han estado ligadas a estrictos requisitos para garantizar que los beneficiarios cumplían con los objetivos del programa MOVES III. Por ejemplo, los coches adquiridos debían ser nuevos, matriculados por primera vez en España y no estar destinados a actividades económicas. Además, debían pertenecer a categorías específicas, como turismos eléctricos puros, híbridos enchufables o de autonomía extendida, entre otros. En cuanto al precio, este no podía superar el límite fijado en el real decreto que regula estas ayudas.
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La base máxima para aplicar la deducción en el IRPF estaba fijada en 20.000 euros y se calculaba a partir del valor de adquisición del vehículo, incluyendo impuestos y otros gastos, pero excluyendo cualquier subvención pública recibida. La deducción permitía a los contribuyentes recuperar hasta el 15% del importe del vehículo, siempre que cumplieran con los plazos establecidos para la compra o los pagos a cuenta. Por lo tanto, permite abaratar el precio de compra del coche en un máximo de 3.000 euros.
Estas ayudas también contemplaban una opción para quienes realizaban pagos a cuenta. Si un contribuyente había abonado al menos el 25% del precio de un vehículo entre junio de 2023 y diciembre de 2024, podría beneficiarse de la deducción en el ejercicio fiscal en que alcanzara dicho porcentaje, siempre que completara el pago y la adquisición en los dos ejercicios siguientes.
En paralelo, el marco de deducciones fiscales también incluía beneficios dirigidos a quienes llevaban a cabo reformas en sus viviendas para optimizar la eficiencia energética. Estas ayudas, orientadas a disminuir el consumo de energía y promover el uso de fuentes renovables, han tenido un impacto significativo desde su implementación en 2021. En este período, dos de los tres incentivos fiscales puestos en marcha han permitido a numerosos hogares abordar este tipo de inversiones con mayor facilidad. Sin embargo, ambos desaparecerán en apenas 40 días, dejando sin respaldo a muchas familias interesadas en acometer mejoras energéticas en sus viviendas.
Entre estas deducciones destaca la destinada a reformas capaces de reducir un 7% o más la demanda de calefacción o refrigeración de las viviendas, con un ahorro en el IRPF que ha llegado a alcanzar los 1.000 euros por contribuyente. Asimismo, las obras que lograban disminuir en al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable podían beneficiarse de una desgravación de hasta el 40%, lo que ha supuesto un ahorro de hasta 3.000 euros para quienes apostaron por estas mejoras. Estas iniciativas, financiadas con una dotación de 450 millones de euros procedentes de fondos europeos, han sido clave para fomentar la adecuación energética en el parque residencial doméstico.
La desaparición de estas deducciones, prevista para el 31 de diciembre, subraya los retos a los que se enfrenta España para alcanzar los objetivos de sostenibilidad marcados por Bruselas. Aunque estas medidas supusieron un impulso inicial hacia un consumo energético más eficiente, su retirada podría frenar el avance en un momento en que el coste de las reformas sigue siendo un factor decisivo para muchas familias.
Expertos en sostenibilidad advierten que la adopción de prácticas energéticas más responsables no puede depender de políticas temporales, sino que requiere un marco normativo estable y a largo plazo. Sin estas deducciones, la capacidad de los hogares para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales podría verse gravemente afectada, ralentizando los avances en eficiencia energética y sostenibilidad que España necesita para cumplir sus compromisos internacionales.
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