¿Adiós a circular gratis por carretera?

«Mi madre dice que, si ella no tiene coche, por qué tiene que pagar con sus impuestos el kilómetro de autopista que destroza el camión alemán que viene a recoger fruta a Valencia. Lo lógico sería que los visitantes, que son bienvenidos, deban de pagar la utilización y desgaste de esa infraestructura». La frase, pronunciada por el consejero delegado de Abertis, José Aljaro, resume el 'quid' de un tema que esta semana resucitaba el ministro de Transportes, José Luis Ábalos: pagar por usar las carreteras como se hace con otros modos de transporte.

La propuesta no es nueva, pues se arrastra desde la anterior legislatura, y sería la base de un modelo viario con el que se pretende sufragar el incremento del coste de mantenimiento de la red de carreteras española, que arrastra un déficit de 7.500 millones, según la Asociación Española de la Carretera (AEC).

«Estamos en un escenario de asumir desafíos y retos y éste tendremos que planteárnoslo. En todas las infraestructuras de transporte se paga por el uso y sólo está en el debate el caso de las viarias, donde hay unas necesidades que atender que el presupuesto no cubre», reconocía Ábalos. «Europa apremia», recuerda el director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, Manuel Miñés, para quien la propuesta es «la única fórmula viable» para obtener ingresos que, a su vez, se destinen a mejoras y a nuevas infraestructuras, no sólo de transportes.

«Es un asunto pendiente de resolver«, reconoce el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat, Federico Bonet. «La situación excepcional que vivimos por la crisis sanitaria ha hecho que este debate se haya aplazado y las circunstancias actuales obligan a adoptar medidas excepcionales. Pero cuando la crisis sanitaria pase, el problema del mantenimiento seguirá presente, por lo que no está de más reactivar este debate. La solución que se adopte tampoco podrá ser de aplicación inmediata», apunta.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (Avemcop), Felipe Ferrer, para quien puede que el momento «no sea el más oportuno» pero «no hay más remedio». «Ya lo dijimos cuando quitaron el peaje de la AP-7. ¿Quién va a mantener las infraestructuras, con que dinero? Estamos a la cola de Europa en inversión en mantenimiento. No hay más remedio, guste o no», añade.

Mientras, el presidente de la Federación Valenciana de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, tiene claro que el canon debe ser para la propia red viaria. «Si realmente se establece una viñeta o algo similar como existe, por ejemplo en Suiza, nos parecería bien». Eso sí, remarca, «siempre que la recaudación se dedique a mejoras y mantenimiento de la red vial».

De momento, la tasa no deja de ser una idea recuperada por el Gobierno. Eso sí, más perfilada que en anteriores ocasiones pues el ministro sugirió un modelo de pago en función del perfil del usuario. Y explicó que no se puede gravar de la misma manera a las personas que tienen que transitar por las vías frecuentemente para ir a trabajar frente a aquellas que lo hacen por otra serie de actividades económicas.

Y es ahí donde surge el rechazo de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET). Su presidente, Carlos Prades, explica que el transporte de mercancías por carretera «ya contribuye suficientemente vía impuestos a atender las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras viarias. Sólo a través de la imposición específica sobre el combustible, los transportistas aportan más de 15.000 millones todos los años a las arcas públicas«.

Además, «la postura del ministro nos genera, si cabe, mayor desconcierto y rechazo, si tenemos en cuenta que el 23 de julio su ministerio asumió por escrito el compromiso de que »no se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector«. Y ese consenso no existe», resalta.

«Desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística consideramos que este tipo de iniciativas no revierten en un impulso a la Economía, sino que tiene por objetivo atender las exigencias de las grandes constructoras y proveedoras de obra pública, además de intentar beneficiar al ferrocarril, no por sus propios méritos, sino penalizando al transporte por carretera», añade.

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