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El Consejo de Ministros ha aprobado este mes de febrero el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, manteniendo el salario actual de los trabajadores. Sin embargo, esta reforma no solo afecta a la duración de la jornada, sino que también introduce nuevas obligaciones para las empresas en materia de control horario. Unas medidas que refuerzan la normativa implantada en 2019, que estableció la obligatoriedad de registrar la jornada laboral de cada empleado.
Una de las novedades más destacadas que trae la reforma es que, junto con la nómina habitual, las compañías deberán entregar un recibo detallado con el número de horas trabajadas, incluyendo tanto las ordinarias como las extraordinarias. Este nuevo requisito tiene como finalidad mejorar el control sobre el tiempo efectivamente trabajado, evitando posibles abusos relacionados con las horas extra.
La intención del Gobierno es clara: asegurar que las horas extraordinarias sean compensadas adecuadamente, ya sea mediante el pago correspondiente o con días de descanso adicionales. Con este nuevo documento, se pretende impedir prácticas irregulares que permitan a las empresas modificar o eliminar registros para eludir el pago de las horas extra realizadas por sus empleados.
Este control detallado de la jornada laboral estará directamente vinculado a la futura reducción de las horas semanales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa. Además, las empresas estarán obligadas a conservar estos registros durante un periodo mínimo de cuatro años, facilitando así posibles inspecciones laborales.
El cambio no solo busca proteger los derechos de los trabajadores, sino también promover una mayor transparencia en las relaciones laborales. Al proporcionar un documento que refleje con precisión el tiempo trabajado, se reforzará el control sobre los excesos de jornada y se asegurará el respeto a las nuevas condiciones impuestas por la legislación.
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Este paquete de medidas supone un paso más en la consolidación de un marco laboral más justo, en el que se refuerce el equilibrio entre la productividad empresarial y el bienestar de los trabajadores. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende acabar con una práctica todavía demasiado habitual en muchos sectores: las horas extra no remuneradas ni compensadas.
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