«No cambia nada». La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha avisado este viernes de que la sanción interpuesta por el Ministerio de Consumo a cinco aerolíneas por determinadas prácticas, como el cobro del equipaje de mano, no va hacer que cambien sus políticas comerciales, ya que van a solicitar medidas cautelares y no van a modificar su política comercial hasta que termine el proceso judicial en los tribunales de lo contencioso-administrativo.
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El plazo para solicitar estas medidas cautelares es de dos meses y, una vez que se resuelvan, comenzará el procedimiento administrativo. Según los cálculos de Javier Gándara, presidente de la patronal y al mismo tiempo director general de easyJet en España, el proceso podría durar unos dos años.
Todas las compañías implicadas (Ryanair, Vueling, easyJet, Volotea y Norwegian) han mostrado su voluntad de presentar recurso ante esta sanción, que se eleva a 179 millones de euros sumando las penas de todas.
Ryanair: 107,7 millones de euros
Vueling; 39,2 millones
easyJet: 29,09 millones
Norwegian: 1,6 millones
Volotea: 1,18 millones.
Además de las sanciones, la multa prohíbe continuar con las siguientes prácticas, que las aerolíneas no dejarán de practicar hasta que haya una sentencia firme:
-Exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina.
-Exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes.
-No permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles.
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-Imposición de una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque.
La sanción de Consumo se ha impuesto calculando los beneficios que cara aeorlínea ha obtenido con estas prácticas.
Asimismo, Gándara ha afirmado que las compañías podrán solicitar medidas cautelares a la Audiencia Nacional --organismo que lleva el proceso al tratarse de un Ministerio-- para evitar adoptar cambios que luego, de decidirse que no eran obligatorios, sean irreversibles y provoquen daños que «no se puedan reparar».
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De no aprobarse las medidas cautelares, las aerolíneas tendrían que abonar el importe de la sanción y dejar de realizar las prácticas analizadas, provocando una «distorsión competitiva muy importante».
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