Afectados por Renovalia piden al Consell cobrarle dos millones por un proyecto caducado

Este proyecto contemplaba una planta fotovoltaica de 49,9 megavatios, motivo por el que los avales depositados son de 1.996.000 euros, a razón de 40.000 euros por megavatio. «La empresa no cumplió los 31 meses que marcaba el hito del Gobierno para presentar la DIA», explican desde la asociación, que pidió la ejecución de los avales mediante un recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas presentado el pasado 12 de marzo.

Tras el silencio sobre el recurso de alzada, la asociación solicitó a la Conselleria de Industria el acceso al expediente para consultar los informes emitidos sobre este recurso. «En estos meses, la conselleria no ha respondido a la solicitud de los informes. La tendencia de la Administración es el silencio administrativo hasta que recurres a Transparencia», explican desde la plataforma vecinal. El plazo para que la conselleria mande los informes expira el 28 de mayo.

La asociación no descarta llevar el caso ante el Tribunal de Cuentas. «Ese dinero pertenece a las arcas públicas y, por ende, a todos los ciudadanos», agregan.

Según la normativa vigente, los avales depositados al iniciar el expediente deben revertir a la Administración cuando es la empresa la que incumple los plazos establecidos. En este caso, Red Eléctrica de España comunicó a Renovalia, mediante carta fechada el 15 de marzo de 2023, «la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red de transporte por no acreditación del hito administrativo 2º establecido en el RD-ley 23/2020 (código DDS.DAR.23_1365)».

Es decir, Renovalia no acreditó ante el gestor de la red de transporte el cumplimiento del hito de la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable en tiempo y forma en los 31 meses desde la entrada en vigor de dicho decreto, lo que supone la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión de la instalación.

«Es un principio básico de responsabilidad; si un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales, no se le exime del pago. De la misma manera, el promotor debe asumir las consecuencias económicas de sus acciones», señalan desde la plataforma.

A esto se suma la desestimación de la autorización ambiental por «el impacto desmesurado al paisaje», según las mismas fuentes, que sospechan que la Administración no solicita la ejecución pertinente de los avales para evitar, así, que la promotora lleve al contencioso las resoluciones desestimatorias contra el proyecto.