Agricultores de l'Horta podrán recibir las primeras ayudas por cuidar del paisaje

Los agricultores profesionales de l'Horta son los destinatarios de las primeras ayudas que se convocan en el campo valenciano por el mantenimiento del paisaje. Un concepto que ha sido largamente anunciado y esperado, desde hace lustros, por lo que esta línea de apoyos, aunque nace con poca dotación presupuestaria (sólo 353.000 euros para toda la comarca en su primera convocatoria), tiene la importancia de representar el inicio de un nuevo enfoque incorporado a las políticas agrarias: pagar por cuidar del entorno y resguardar sus valores naturales y culturales.

Esta línea de ayudas la convoca el Consorcio del Consell d l'Horta de Valencia y la dotación económica (los 353.000 euros citados) está prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2023, a través de la Conselleria de Agricultura. Según argumenta el texto de la convocatoria, se realiza en cumplimiento del Plan de Desarrollo de l'Horta y su finalidad es «mejorar las rentas de las personas que se dediquen a la agricultura y las empresas agrarias, garantizando la rentabilidad económica de las explotaciones agrarias y la supervivencia de l'Horta.»

En realidad se trata del cumplimiento de un aspecto reivindicado con mayor rigor desde la aprobación de la Ley de Protección de l'Horta, para el que ha habido que esperar varios años de tramitaciones y organización burocrática, mientras se extendía entre los propios actores, los agricultores, el lamento de ser objeto de nuevas obligaciones y restricciones pero sin recibir compensaciones. Ahora llegan finalmente éstas, si bien con notable escasez, y mayor en la práctica por las restrictivas condiciones para los posibles beneficiarios. Pero por otra parte también es de aplaudir que, aunque tarde, se cumpla al fin la promesa de iniciar una línea de apoyos a los agricultores por el simple hecho de estar apegados a la tierra y, con ello, mimar el paisaje para todos los que lo disfrutan.

Podrán ser beneficiarios sólamente los agricultores que cumplan la condición de ser profesionales según la ley del 4 de julio de 1995, que indica que lo es quien, siendo titular de una explotación agraria, reciba de esta actividad al menos el 50% del total de sus rentas. Además deberán estar dados de alta en Hacienda y en la Seguridad Social «por el régimen que les corresponda» y con una antigüedad mínima de seis meses. Por supuesto, como a la hora de pedir y recibir cualquier ayuda pública, hay que estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales.

Por otro lado, la mitad de la explotación agraria de cada solicitante deberá estar geográficamente ubicada en el marco de l'Horta protegida, lo que se comprobará mediante escrituras públicas, contratos de arrendamiento «o cualquier otro documento, público o privado, que pruebe de manera fehaciente» el cumplimiento de tal requisito.

Para el cálculo de las ayudas se establece un módulo de 80 euros por hanegada (831 metros cuadrados) y un máximo de 1.500 euros por beneficiario, lo que puede ser complementado con dinero que aporte cada ayuntamiento.

Las ayudas serán presentadas ante el ayuntamiento correspondiente, que previamente deberá estar adherido al Consell de l'Horta y a sus normas, y deberá encargarse de realizar la pertinente convocatoria en su ámbito. El primero en realizarlo ha sido el de Meliana.

Aquí se da una particularidad que ha causado asombro en el sector, entre los agricultores y en las organizaciones agrarias, y será fruto de debates posteriores. Para enfocar la asignación inicial del presupuesto disponible, el Consell de l'Horta ha repartido los 353.000 euros con un criterio discutible. Lo ha hecho, en principio, basándose en la superficie de cada término, pero olvidando la que realmente está cultivada o no y sin fijarse en el número de cotizantes de la Seguridad Social por su actividad agraria que hay en unos y otros municipios.

De esta manera, las dotaciones asignadas van desde sólo 4.000 euros para Bonrepós i Mirambell, Sedaví, Almàssera, Godella, Xirivella y otros ocho municipios, a los 15.000 para Quart de Poblet, 35.000 para Puçol, 40.000 para El Puig y 60.000 para Valencia. Pero cualquier conocedor del territorio y de su actividad agraria sabe de sobra que, al margen de la capital y sus pedanías, hay municipios con dotación muy por encima de la superficie realmente cultivada y susceptible de quedar acogida a estas ayudas, en comparación con otros municipio a los que se ha asignado la dotación más baja debido a tener términos más pequeños, si bien que cultivados con mayor intensidad y sin apenas parcelas abandonadas.

La Unió Llauradora ha pedido que los posibles remanentes de unos municipios se reasignen después a otros en los que puedan quedar solicitudes por atender.