Les llevan el agua pero no la quieren

El canal que iba a servir para trasvasar agua del Ebro a la Comunitat Valenciana, cuyo proyecto abolió el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se ha construido en la primera fase prevista por la Generalitat de Cataluña para regar solamente tierras del sur de Tarragona. Sin embargo, las obras de distribución están paradas y el canal está seco, porque la Comunidad de Regantes Xerta-Sènia no logra convencer a suficientes agricultores que quieran regar sus campos. Al menos deberían estar dispuestos la mitad para empezar, pero ni eso.

De esta forma, un proyecto por el que pagarían agricultores de la Comunitat Valenciana lo que hiciera falta, se ha hecho para otros fines que no se cumplen, se encuentra totalmente paralizado y tiene ante sí un negro futuro. Si las pretendidas nuevas políticas del agua debían incidir sobre todo en atender riegos a la demanda, y no a la oferta, en este caso se vulnera totalmente dicho principio: se ofrece agua y no la quieren, y quienes la precisan, no pueden tenerla.

La historia de frustraciones de este canal arranca desde principios de los años setenta, cuando el Gobierno de Franco llegó a construir 33 kilómetros de lo que iba a ser el trasvase desde Xerta (junto al Ebro) hasta Cálig (en la provincia de Castellón). Pero el canal que se hizo no llegó a traspasar la divisoria provincial de Tarragona y quedaron también por hacer los dos kilómetros de tubería de impulsión desde el río.

Posteriormente se recogió el proyecto en los planes hidrológicos para trasvasar agua hasta Almería, primero a cargo del PSOE (que rechazó el PP) y después del PP (que rechazó el PSOE). Se llegó a poner la primera piedra de aquel trasvase al final del Gobierno de Aznar, pero cuando ganó Zapatero, una de sus primeras decisiones fue anularlo.

Un plan de 350 millones

El trasvase, que primero iba a enviar 1.050 hectómetros cúbicos al año hacia el sur y después se quedó en cifras más modestas, utilizaría el trayecto de aquel Xerta-Cálig, parcialmente construido desde décadas antes. Una vez derogado el trasvase hacia la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería, el proyecto fue retomado por la Generalitat de Cataluña, pero únicamente para poner en regadío 16.480 hectáreas del suroeste de Tarragona, en su mayoría de olivar y también para nuevas plantaciones de cítricos.

El proyecto, evaluado en unos 350 millones de euros, consiste en construir un nuevo canal de perfil rectangular sobre el viejo, que es semicircular y se encontraba deteriorado. Además contempla la conexión y bombeos desde el Ebro, balsas intermedias de regulación, impulsiones y redes secundarias de distribución hasta las parcelas.

En la actualidad está terminada la primera fase, con un gasto de unos 100 millones de euros. Se ha hecho la impulsión desde el Ebro, algo más de la mitad del canal principal, balsas intermedias y rebombeos. Pero se encuentra todo paralizado.

El problema es que no se encuentran suficientes agricultores para viabilizar el uso de las instalaciones, que, además, están sometidas a muchas críticas agrarias y de grupos ecologistas e incluso a procedimientos judiciales por supuestas implicaciones medioambientales. Al parecer, algunas balsas intermedias se construyeron dentro del Parque Natural dels Ports y no se cumplimentaron los estudios de impacto ambiental.

La principal razón por la que no se afilia el suficiente número de agricultores estriba en los precios que han de pagar: 2.579 euros por hectárea y 9,2 céntimos de euro por metro cúbico de agua consumido.

La mayoría de los potenciales usuarios no ven atractivo invertir en ello y se supone que además les desincentiva el clima de incertidumbre que se respira sobre el futuro del proyecto, sometido a múltiples conflictos y posibles revisiones.

Algunas formaciones agrarias de la zona, como la Unió de Pagesos, advierten de que la estructura de las obras no satisface las necesidades reales de los agricultores, puesto que pidieron que las canalizaciones fueran entubadas y no al aire libre, para aprovechar mejor la presión y evitar problemas de algas y suciedad, que acaban obturando los filtros y los goteros de riego.

En cualquier caso, los rechazos sucesivos están poniendo muy negro el devenir de un trasvase que ya quisieran agricultores del otro lado de la línea divisoria interprovincial, mientras que organizaciones ecologistas y ciudadanas de las comarcas catalanas del Ebro no paran de señalar sus temores a que esta obra pudiera enmascarar un futuro trasvase hacia Castellón, que rechazan totalmente.

Unos tanto y otro nada

Los activistas del Ebro pretenden que el río tenga el máximo caudal en la desembocadura, porque creen que es la única manera de asegurar la supervivencia del Delta y los Alfaques, y eso les lleva también a rechazar los nuevos regadíos del canal de la Segarra-Garriga, en Lleida, porque eso resta caudal al Segre, que desemboca en el Ebro. Tampoco les gusta que se deriven caudales para el área metropolitana de Barcelona. Quieren el Ebro entero y libre hasta el mar, donde vierte una media anual cercana a 10.000 hectómetros.

Entre tanto, el nuevo canal que se ha construido desde Xerta tendría una capacidad potencial para llevar hasta 575 hectómetros hacia el sur. Pero la concesión para la Comunidad de Regantes Xerta-Sènia es de tan solo 72 hectómetros. Eso quiere decir que la instalación podría servir para otros usos, llegado el caso de extrema necesidad, y eso mismo es lo que acaba escamando a los integrantes de a Plataforma de Defensa del Ebre, que ven en ello la posible idea de un tentador trasvase que rechazan.

Hasta han conseguido que la Fiscalía General del Estado realizara un informe en el que advirtió que el canal construido no respondía a las necesidades del territorio ni evitaba el trasvase del Ebro.

Y mientras tanto, en diversas comarcas de la Comunitat Valenciana se malogran posibilidades de producción y creación de riqueza por falta de agua y la imposibilidad de tenerla, cuando más al norte, en Tarragona, quienes la tienen a la orilla del campo, la rechazan porque no quieren pagar lo que les piden.