La patronal citrícola acusa al Consell de hacer «uso político» de la Inspección de Trabajo

valencia. El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los operadores privados de agrios, acusó ayer al Consell de hacer un «uso político» de la Inspección de Trabajo en la campaña de recolección de cítricos.

Además, la patronal calificó de «desproporcionadas» las multas de hasta dos millones de euros propuestas por la Generalitat por las supuestas irregularidades cometidas en las contrataciones temporales.

Según CGC, el Consell ha trasladado una «idea distorsionada» del sector cuando, a su juicio, lo que subyace en los expedientes es una «diferencia en la interpretación de los sistemas retributivos».

Desde la Conselleria de Economía, de la que depende este servicio, indican a LAS PROVINCIAS que las empresas de trabajo temporal (ETT) sancionadas incurrieron en un fraude a los trabajadores y a la Seguridad Social, además de suponer una «competencia desleal a las compañías que sí cumplen con las condiciones salariales y laborales».

El mecanismo que usaron estas ETT consistía en pagar a los trabajadores en concepto de cantidad recolectada y no en función del tiempo trabajado. Según las mismas fuentes, estas empresas facturaron globalmente sin especificación del personal que ha intervenido en las tareas de recolección y sin que la interesada en estas actuaciones registre en una base de datos los días trabajados de los mismos.

Desde Economía indican que esto ha permitido comprobar que la cantidad abonada por los almacenes a las ETT por la cesión de trabajadores «es muy inferior a la que hubiera tenido que abonar a los empleados propios en concepto de salario, tanto si se acude a la modalidad retributiva de 'destajo' como 'a jornal'».

Sin embargo, la patronal citrícola argumenta que la fórmula empleada para la contratación no implica ninguna ilegalidad debido a los factores de concentración de demanda y a la «premura propia del trabajo con productos perecederos». Además, alega que la legalidad de ese mecanismo fue recientemente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).