VICENTE LLADRÓ
Lunes, 8 de mayo 2017, 00:06
Un año más, la normativa del Ministerio de Hacienda que cada primavera suele establecer reducciones de los módulos del IRPF agrario, ha levantado quejas de las organizaciones del sector y acusaciones discriminación. Protestas que se centran sobre todo en la Comunitat Valenciana, porque es aquí donde se repiten con mayor incidencia incomprensibles olvidos de pueblos y cultivos y agravios comparativos en los que unas producciones salen beneficiadas en unos municipios y no en los limítrofes, pese a haber sufrido iguales -o incluso peores- circunstancias que aconsejaron rebajar la fiscalidad.
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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y La Unió de Llauradors han expresado el gran malestar del sector por los errores y olvidos de la Orden Ministerial (BOE del pasado jueves día 4) y han reclamado al ministerio la aprobación urgente de otra Orden de corrección.
No obstante, sus propias organizaciones a nivel nacional no dejan traslucir igual clima de descontento, porque están más atentas a los grandes sectores agrarios y no a particularidades regionales. Asaja (matriz de AVA) valoró positivamente las reducciones de módulos aprobadas, aunque se refería en general a las que afectan a producciones ganaderas y cerealísticas, sin entrar en pormenores localistas.
El caso concreto es que no tiene sentido que en una misma comarca se establezca, por ejemplo, una reducción del módulo para cítricos u hortalizas, se detallen los municipios beneficiados y se olviden algunos, o incluso se pase de largo en comarcas enteras donde se sufrieron inclemencias meteorológicas graves y las mismas situaciones de precios ruinosos que sirven de argumentos para justificar las rebajas aprobadas. ¿Por qué en un pueblo sí y no en el de al lado, si es el mismo caso? ¿Por qué en uno se reduce del 0,26 al 0,18 y en otro al 0,13, incluso al 0,09 o 0,05, y en cambio se llega a otro que no figura? No hay justificación, pero sí se conoce cómo se puede llegar a estos resultados, en apariencia tan arbitrarios.
Estimación de rendimientos
Los módulos del IRPF sirven para estimar el rendimiento a efectos fiscales de las explotaciones pequeñas y medianas, siempre que los interesados no prefieran estar en la estimación directa (ingresos menos gastos). El módulo de cítricos, por ejemplo, es el 0,26. Eso significa que de los ingresos brutos de una explotación citrícola, a la hora de hacer la declaración de renta, el 26% son beneficicios. Pero como ese índice está calculado previamente por la Administración sobre la base de unos costes, precios y rendimientos medios, llegado el caso de daños por heladas, pedrisco, inundaciones..., o hundimiento de precios, la normativa permite establecer reducciones ocasionales, como ésta de la que hablamos, en atención a que las ganancias habrán sido inferiores en quienes hayan padecido tales condiciones.
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Esas reducciones de módulos pueden ser más o menos lineales, para todos los afectados de determinadas producciones, los de toda una comarca o región, o bien se hace diferenciando por municipios, y ahí es donde se registran los olvidos que AVA y La Unió -y por supuesto los perjudicados- señalan como agravios comparativos.
Sin embargo, desde Hacienda se indica que las reducciones aprobadas se han basado estrictamente en los informes técnicos emitidos por la Conselleria de Agricultura, que es el departamento que oportunamente comunicó al Gobierno central en qué lugares se habían registrado problemas que deberían llevar a las rebajas fiscales. Responsables del departamento de Agricultura que recoge y elabora las comunicaciones y estudios que llevan a los informes definitivos reconocen que sólo pueden elevar aquellos datos que se les aporta. Desde luego, la información necesaria no alcanza siempre con igual rigor a toda la Comunitat Valenciana.
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Si se mira con detenimiento la distribución geográfica de las rebajas de módulos en la Comunitat Valenciana se verá la llamativa ausencia de zonas comarcales casi completas (por ejemplo La Safor o Utiel-Requena) mientras que en otros apartados se detallan puntualmente todos los pueblos, aunque a veces sorprende también la repentina ausencia de alguno, o, en lado positivo, que en alguna comarca se incida en una rebaja mayor que en otra y no se olvida ningún municipio.
Informes parciales
De todo ello cabe deducir que allí donde hay una Oficina Comarcal de la Conselleria de Agricultura (Ocapa) en la que primó una sensibilidad especial por atender estas cuestiones, no hay olvidos, o son mínimos, o incluso los beneficios derivados son superiores, porque no se cayó en informes parciales, sino que se insistió en aspectos que convenía resaltar, para que se tuvieran en consideración a la hora de aprobar lo que correspondiera; hasta llegar a lo que tenemos.
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También es notable la participación ocasional de muncipios en los que el alcalde, el concejal de agricultura, un funcionario preocupado, el presidente o el secretario de la cooperativa local, el representante de una organización agraria, o todos ellos juntos y en comandita, han estado atentos a la situación, han seguido lo que iba ocurriendo, mes a mes, han elevado informes a donde correspondiera y se han ocupado de que la Ocapa hiciera lo suyo, para que no faltaran 'papeles' con sólidos argumentos en los servicios centrales de la conselleria, y así dar por seguro que en lo que ésta emitiera finalmente a Madrid al menos no habría deficiencias para su pueblo.
Esta es la forma de proceder. Será engorrosa, pero es la que es, y az todos convendría que las organizaciones agrarias estuvieran atentas a la mecánica, aleccionando a sus representantes locales y comarcales, llamando a las Ocapas, acudiendo a tiempo a la conselleria en reclamación de que se hicieran las cosas a tiempo; para que no hiciera falta pedir una corrección de errores y olvidos con urgencia, porque se habrían evitado antes.
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