La PAC prescinde de los pequeños

Ser demasiado pequeño tiene un castigo añadido en la Política Agrícola Común (PAC): no se cuenta con derecho a recibir las ayudas anuales que sí perciben otros agricultores. Y esto es lo que les ocurre a más 30.500 agricultores de la Comunitat Valenciana, que han ido quedando fuera del sistema en los últimos tres años, en virtud de las nuevas reglas para el reparto de dichos auxilios económicos.

La Unió de Llauradors ha denunciado que un tercio de los agricultores valencianos que sí percibían estas ayudas tres años atrás, han quedado fuera del sistema, precisamente por ser pequeños.

La Administración entendió que para cuantías de ayudas menores, los costes de gestión y control pueden superar a los propios importes a repartir, por lo que se decidió poner umbrales mínimos.

Escatimar dinero

Una contradicción más del sistema, porque luego, a la hora de supervisar posibles errores o engaños, no se regatean medios para escatimar unos pocos metros cuadrados de superficie reconocida, que resultan las más de las veces de mínimos cambios catastrales, no achacables a los interesados, y que se traducen en unos pocos euros.

La Unió ha hecho hincapié en el «progresivo descenso, ejercicio tras ejercicio, de los perceptores del pago único en el campo valenciano».

Tras el cierre del plazo de presentación de la Solicitud Única de este año «hay un total de 61.200 solicitudes presentadas», casi un 15% menos que en 2016, cuando se registraron 71.631, por lo que la PAC actual «deja sin ayudas a otros 10.000 agricultores valencianos».

Según un informe de esta formación agraria, en 2013 se presentaron en el territorio valenciano un total de 91.702 expedientes. Año tras año han ido cayendo: 86.575 en 2014, 80.781 en 2015, 71.120 presentados en 2016 y 61.200 en 2017.

De 2013 a 2017 ya son 30.502 solicitudes menos. En términos porcentuales, el número de perceptores ha bajado un 33%, y la Comunitat Valenciana ostenta el negativo récord de ser la autonomía que registra la mayor caída de solicitudes presentadas en toda España.

El minifundismo

Como es fácil imaginar, una de las principales causas de esta importante pérdida de beneficiarios y hectáreas solicitadas de las ayudas comunitarias es el minifundismo que predomina en casi toda la Comunitat Valenciana, y en relación con esta realidad histórica, «la nefasta decisión acordada en la conferencia sectorial de Agricultura de julio de 2013 por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas», cuando, según recuerda La Unió, se decidió que «aquellos expedientes con un importe inferior a 300 euros quedaban progresivamente fuera del acceso a la ayuda».

Esta situación contó con el beneplácito del anterior equipo de la Conselleria de Agricultura y «ya fue denunciada por La Unió en reiteradas ocasiones, porque perjudicaba directamente a la agricultura valenciana por encima del resto de comunidades autónomas, tal y como ahora ya se puede comprobar con los datos que ya auguraba esta organización profesional agraria.

En virtud de aquel acuerdo, en 2015 quedaron fuera las solicitudes que dieran derecho al cobro de hasta 100 euros. Al año siguiente, en 2016 se aumentó el umbral a 200 euros, y ahora se llega al límite de 300 que se previó.

Una PAC que no nos sirve

Desde La Unió se insiste en señalar que, además de negar las ayudas a los pequeños, que por exiguas que sean no debieran perderlas, «la actual PAC no responde a las necesidades estructurales ni comerciales del campo valenciano», como «tampoco da respuesta a las crisis de mercados». Por ello, esta formación agraria aboga «por trabajar conjuntamente para cambiarla a partir de 2020, ante los nuevos cambios que se prevén.

Uno de los puntos que La Unió ve imprescindible es que «se apueste prioritariamente por conceder las ayudas a los agricultores y ganaderos profesionales de todos los sectores, independientemente de los derechos históricos».

Por otro lado recuerda que, además de dejar la PAC fuera a numerosos agricultores de la Comunitat Valenciana por el aumento del umbral mínimo, «tampoco reciben nada los productores de hortalizas, ni los de frutas (salvo cítricos), por lo que existe una clara discriminación entre sectores y territorios».

Cabe destacar, por otra parte, que el dinero que se ahorra el presupuesto comunitario por dejar fuera a los pequeños productores, simplemente por optar a pocas ayuda, por debajo del umbral fijado, no se destina tampoco al resto del sector afectado.

No obstante, desde el primer momento en que se supo que se iban a establecer este tipo de limitación, se explicó que los que se pudieran ver afectados podían tener soluciones por la vía de unirse entre varios y cooperar en este sentido.

Bastaría que cualquier grupo de agricultores pequeños, todos ellos con superficies que no les dieran derecho a superar los 300 euros, juntaran sus fincas en una solicitud única, al objeto de pedir estas ayudas, que se les reconocerían sin problema, y luego se repartirían proporcionalmente sus importes.