Recogida de arroz en Alfafar. Manuel Molines

El arroz valenciano se queda en los almacenes ante las importaciones masivas

Los agricultores denuncian que la entrada de producto foráneo durante las últimas semanas hunde los precios

Sábado, 16 de marzo 2024, 01:05

Si las importaciones masivas ya eran el principal problema de un producto tan valenciano como la naranja, estas últimas semanas lo está siendo para los arroceros de la Comunitat, que ven cómo su producto se queda sin vender en los almacenes al no poder ... competir con los bajos precios de los cargamentos procedentes de Camboya y Myanmar.

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«Los arroceros valencianos están en pie de guerra. La entrada masiva de importaciones procedentes de países asiáticos a través de los puertos europeos, entre ellos los de Valencia y Sagunto, han hundido la campaña», critican desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que sostiene, precisamente, que el arroz se carcaterizaba por ser un sector con unos precios en origen estables.

«Desde la llegada durante las últimas semanas de masivos cargamentos foráneos por parte de las grandes corporaciones importadoras y comercializadoras de arroz, las ventas de las existencias valencianas que aún aguardan en los almacenes se han paralizado», aseguran los representantes agrarios.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, relativos a las campañas de 2022, las importaciones superaron de manera significativa las exportaciones. En concreto, las toneladas de arroz foráneo se disparó un 44%, hasta las 414.899 toneladas, mientras que las ventas de arroz producido en España en mercados exteriores creció un 13%, hasta las 269.189 toneladas. Además, el caso de Myanmar es especialmente llamativo, puesto que pasó de vender en España 20 millones de euros en 2021 a 58 millones en 2022, más del doble en un año.

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Aunque aún no están los datos oficiales del ministerio, las asociaciones agrarias aseguran que la entrada de producto foráneo en las últimas semanas es «masiva», motivo por el que AVA-ASAJA, a través de su organización nacional ASAJA y del COPA-COGECA, han presionado en Bruselas para que los europarlamentarios pospusieran la votación con la que los países del norte de Europa pretendían tumbar definitivamente el mecanismo de aplicación de la cláusula de salvaguarda automática (GSP), una herramienta que protege a los productores europeos frente a las importaciones masivas.

Además, el sector ha conseguido que se mantengan vivas las negociaciones para que el arroz entre dentro del listado de productos del artículo 29 de dicha normativa, de manera que cuando haya que aplicar una cláusula de salvaguarda se pueda hacer de manera automática. «La presión que hemos llevado a cabo ante los eurodiputados ha conseguido que no haya mayoría cualificada y la cuestión se vuelva a debatir después de las próximas elecciones donde esperamos que el nuevo Parlamento Europeo salido de las urnas nos sea más favorable», explica el vicepresidente del grupo de trabajo del Arroz del COPA-COGECA, Miguel Minguet. La asociación AVA-ASAJA insta también a las autoridades comunitarias a reinstaurar los aranceles a las importaciones de arroz provenientes de Camboya y Myanmar por su grave impacto sobre el mercado europeo.

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Minguet recuerda que el sector logró que Bruselas adoptara una cláusula de salvaguarda entre 2019 y 2021. «Ahora volvemos a pedirla con carácter de urgencia porque los arroces de estos países asiáticos están causando el mismo perjuicio comercial a los productores valencianos que entonces», agrega.

Precisamente esta semana la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento de Ejecución 2024/842 por el que se restablecen las medidas de salvaguardia respecto a las importaciones de arroz índica originario de Camboya y Myanmar/Birmania (175 euros por tonelada en 2019, 150 euros en 2020 y 125 euros en 2021). Ante la anulación de esta cláusula por una sentencia del Tribunal General, la Comisión ha aportado suficientes pruebas de que los aranceles estuvieron correctamente justificados y, por tanto, dictamina que «no se devolverán ni condonarán derecho alguno percibido».

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AVA-ASAJA también interpuso una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que este órgano, dependiente del Ministerio de Agricultura, investigue si la cadena de distribución ALDI comete una presunta venta a pérdidas o destrucción de la cadena alimentaria en su venta de arroz. Una promoción ofrece arroz redondo a 1,09 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 12%. En su reclamación, la organización expone que «este precio puede incurrir en venta a pérdidas porque no permite cubrir todos los costes de producción de los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor».

AVA-ASAJA arremete también contra las empresas distribuidoras por comercializar paquetes de arroz sin especificar en la etiqueta el país de origen (tan solo el distribuidor). «Confunden al consumidor con imágenes relacionadas con el cultivo del arroz en La Albufera. Ya está bien de hundir a los arroceros y de engañar a los consumidores. Las grandes empresas deben apostar por nuestros productos que garantizan los máximos estándares de trazabilidad, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental», señalan.

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Régimen simplificado de la PAC

Por otro lado, el secretario autonómico de Agricultura, Javier Bartolomé, ha solicitado al Ministerio de Agricultura un régimen simplificado para perceptores de la PAC por debajo de 5.000 euros. Esta petición, efectuada en una carta remitida este viernes, cuenta con el apoyo de todas las organizaciones agrarias y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana.

En una reunión celebrada el 12 de marzo, la conselleria les informó que el ministerio había comunicado que el régimen simplificado había sido eliminado. A este respecto, Javier Bartolomé expresa la importancia de establecer un régimen simplificado para los beneficiarios de ayudas directas de la PAC que perciben menos de 5.000 euros cada año y con el apoyo de todo el sector agrario valenciano que se ha sumado a esta petición.

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Cabe recordar que este jueves las asociaciones agrarias cargaron contra la conselleria por sus declaraciones asegurando que las organizaciones agrarias habían rechazado junto al ministerio esta simplificación, un hecho que desmintieron desde AVA-ASAJA, UPA y COAG. En su comunicado, las organizaciones no sólo defendían la implantación de este sistema sino que calificaban de «acusaciones falsas» las afirmaciones realizadas por el departamento que dirige José Luis Aguirre. Además, las asociaciones afearon que la conselleria tampoco añadiera esta propuesta en su carta de medidas dirigida al ministerio.

En la Comunitat Valenciana, más del 92% de los beneficiarios de ayudas directas perciben menos de 5.000 euros, lo que representa el 66% de toda España. Sin embargo, estos beneficiarios solamente reciben un 14% del presupuesto total destinado a este tipo de ayudas. Además, por la evolución histórica de la PAC y de sus instrumentos de ayuda, se da la circunstancia de que una parte importante de los agricultores profesionales de la Comunitat Valenciana son pequeños perceptores de ayudas directas. «Por ello, un régimen simplificado en nuestro territorio no sólo facilitaría la tramitación de los expedientes de agricultores a tiempo parcial sino también de agricultores profesionales o a título principal», explica Bartolomé.

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A esto ha añadido que la instauración de un régimen simplificado vendría a completar la simplificación anunciada por el ministerio y la Comisión Europea para todas las explotaciones menores de 10 hectáreas, que quedarán exentas de controles por condicionalidad reforzada.

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