El Consell no sabe una semana después si recurrirá la cesión a Cataluña del control del cava

Una semana después de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto que deja en manos del Consejo Regulador de la D.O.P. Cava -controlado por productores y bodegas catalanas- la facultad de limitar las plantaciones que reclaman los viticultores valencianos, el Consell sigue sin decidir si recurrirán o no esa norma.

Así lo manifestó ayer la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, a preguntas acerca de si tienen previsto adoptar medidas legales contra la decisión del Gobierno central que perjudica a los productores de cava de Requena y otras zonas, tras el anuncio de la Junta de Extremadura de que recurrirá esa medida.

«Se está estudiando cuáles serán los pasos a dar pero, en cualquier caso, la Generalitat estará al lado de los productores de cava valencianos», subrayó Oltra, sin precisar en qué se traducirá ese respaldo.

Mónica Oltra destacó que el presidente, Ximo Puig, ya anunció que defenderían a los productores de cava de Requena y apuntó que, en la reciente «precuela» de este conflicto con la industria catalana del cava, «la Generalitat se puso al lado de nuestros productores, que además producen un cava excelente, y así será ahora», sentenció.

A la pregunta de si el Consell recurrirá el decreto estatal, aprobado el pasado viernes a instancias del Ministerio de Agricultura, como ya anunció que hará la Junta de Extremadura, insistió en que desde la Generalitat se están «estudiando las posibilidades», sin querer adelantar acontecimientos, y agregó que cuando adopten una decisión al respecto, la harán pública.

La consejera extremeña de Agricultura, Begoña García, anunció el pasado jueves que recurrirá el real decreto del Gobierno central relativo a competencias de la Denominación de Origen relacionadas con la superficie dedicada a la producción de cava, por considerar que «no está ajustado a derecho».

Con ese recurso, la administración regional pone de manifiesto que está «al lado de los agricultores y del campo extremeño». Según remarcó García, la Junta va a continuar «estando al lado de los bodegueros, productores y agricultores de Extremadura, porque el cava extremeño de Almendralejo tiene mucha capacidad de crecimiento».

El decreto cuestionado decanta la balanza hacia las reivindicaciones de Cataluña, contraria a la autorización de nuevas plantaciones en Requena y otras zonas de España para atender el repunte de la demanda. Es por eso que los viticultores valencianos critican que el Gobierno de Pedro Sánchez dé a la influyente industria catalana la potestad de vetar esos cultivos, sin que hasta la fecha el Consell haya tomado cartas en el asunto.

Desde la D.O.P. Cava lo valoraron como la respuesta a «una reivindicación histórica del Consejo Regulador ante la situación excedentaria del sector, que ha conducido a una caída de los precios que se pagan por las uvas y por el vino base cava», en palabras de su presidente, Javier Pagés, quien expresó su satisfacción por esa decisión.

La entidad celebró que el Ministerio hará suya la reclamación de «crecimiento cero de las plantaciones para evitar que se desequilibre la oferta y la demanda, y haya precios del cava excesivamente bajos».

José Luis Robredo, responsable de la sectorial del vino de AVA-Asaja, lamenta que siempre han defendido que «se pueda plantar más si hay más demanda pero ahora, si la D.O. Cava quiere vetarlo alegando que hundiría el precio, no se hará». A su juicio, les han utilizado «como moneda de cambio» política.

Para su homólogo de La Unió, Luis Javier Navarro, implicará una «pérdida de potencial vitivinícola» y agravará el abandono de viñas.