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Valencia
Martes, 24 de septiembre 2019, 13:55
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, un real decreto que deja en manos del Consejo Regulador de la DOP Cava -controlado por los productores y bodegas catalanas- la facultad de limitar las plantaciones de cava.
La decisión del Ejecutivo en funciones decanta la balanza hacia las reivindicaciones de Cataluña, contraria a la autorización de nuevas plantaciones en zonas como Requena y Extremadura para atender el repunte de la demanda. Es por eso que los viticultores valencianos critican que el Gobierno de Pedro Sánchez dé a Cataluña la potestad de vetar esos cultivos.
Desde la DOP Cava valoran esa medida como la respuesta a «una reivindicación histórica del Consejo Regulador ante la situación excedentaria del sector, que ha conducido a una caída de los precios que se pagan por las uvas y por el vino base cava«, en palabras de su presidente, Javier Pagés, quien expresó su satisfacción por esa decisión.
El Gobierno central asegura que con la modificación del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, pretende «dotar de mayor estabilidad al sector y garantizar mayor seguridad jurídica en algunos aspectos de la normativa«.
Al respecto, el Consejo Regulador del Cava señala que en los últimos años había «solicitado el crecimiento cero de las plantaciones para evitar que se desequilibre la oferta y la demanda, y haya precios del cava excesivamente bajos«. Y destaca que, »a partir de ahora, estas recomendaciones del sector serán seguidas por el Ministerio de Agricultura, dando respuesta de esta forma a las reclamaciones del Consejo Regulador del Cava«
Para los viticultores valencianos, la «maniobra» de la industria catalana dará al traste con la pretensión de ampliar las plantaciones en Requena, Extremadura y otras zonas de España en función de la demanda. Según José Luis Robredo, responsable de la sectorial del vino de AVA-Asaja, siempre han defendido que «se pueda plantar más si hay más demanda pero ahora, si la DO Cava quiere vetarlo alegando que hundiría el precio, no se hará«.
En declaraciones a LAS PROVINCIAS, insiste en el potencial del cava de Utiel-Requena, demandado sobre todo como vino base para otras zonas, y reivindica que «mientras haya posibilidad de venta, por qué vetarlo».
Robredo lamenta la sensación de haber sido utilizados «como moneda de cambio» política y exige que la decisión del Ejecutivo estatal no perjudique a aquellos viticultores que estaban pendientes de la autorización para dedicar a cava aquellas parcelas de viñas arrancadas con derecho a plantar.
Para su homólogo de La Unió de Llauradors, Luis Javier Navarro, esta medida implicará una «pérdida de potencial vitivinícola« y agravará el creciente abandono de viñas. En tono autocrítico, insta a los viticultores valencianos a «pensar en que si tuviesen representantes en los órganos de gobierno de la DO Cava se podría haber evitado, pero para eso hay que ir a votar», sentencia.
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