El Gobierno quiere encarecer el agua para forzar que se ahorre

La vieja idea de establecer un canon del agua, de hacer pagar a todos los usuarios -agricultores incluidos- por utilizar este recurso básico, ha resucitado otra vez. Como los antiguos fantasmas, que reaparecen cada cierto tiempo, el canon vuelve a la palestra, y además llega arropado por otra idea que periódicamente esgrimen algunos teóricos de la materia: la Directiva Marco del Agua obliga a repercutir todos los costes sobre los usuarios.

En principio, ¿quién se va a oponer a que alguien deba pagar las materias y los servicios que recibe? Dicho así está muy claro: nadie, porque es de lógica aplastante. Sin embargo, con el agua hay infinidad de matices que ponderar y hasta cuestionar. De hecho, gobiernos anteriores -desde el del PSOE presidido durante 14 años por Felipe González- sopesaron el asunto para acabar dejándolo aparcado. Todos pagan lo que cuesta poner el agua en su punto de uso, pero ¿pagar además por usarla?

El Ministerio de Transición Ecológica ha retomado el asunto y además le ha añadido un argumento que de partida parece imbatible: el del ahorro. ¿Quién se va a oponer, de salida, a que se fomente el ahorro de agua? Es como si se pregunta por la lucha contra el hambre o si se está a favor o en contra de las guerras. Pero tal como se plantea, lleva intercalada una sibilina trampa.

El Libro Verde del Agua pretende subir los precios y las tarifas del agua para fomentar el ahorro, recuperar los «costes del recurso» y los «costes ambientales» y además para procurar «la autofinanciación de los organismos de cuencas», es decir, las confederaciones hidrográficas.

Todo ello queda muy aparente, pero además de preguntarse qué se entiende por 'costes' ambientales y del recurso (¿cuánto vale el agua que llueve?), los agricultores han empezado a verle los pies al lobo. Si el Gobierno estudia aplicar estas subidas y medidas de ahorro a «cualquier uso del agua», quiere decir que el agua de riego agrícola puede ser la más afectada, puesto que representa un 65% del total. De ahí que la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) acuse a la Administración de mostrar un gran afán recaudatorio y recuerde tres cosas: que la precaria economía agraria española no da para más, que no se puede producir bien regando menos y que otros gobiernos ya desestimaron tal intención.