La quiebra en cadena de firmas citrícolas amenaza a más de un millar de agricultores

La crisis citrícola ya tiene su reflejo mercantil. Una decena de empresas citrícolas valencianas se encuentran en proceso de declaración de concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos. Frutas Hermanos Catalá Benicolet (Fruterca) ya ha enfrentado a la situación de no cobrar por la cosecha vendida a más de 300 agricultores, pero no es el único caso y, de hecho, AVA tiene constancia de que actualmente otras seis empresas hortofrutícola, como mínimo, se han visto inmersas también en este mismo tipo de procedimiento al no poder hacer frente a las deudas que acumulan.

Al menos otra empresa del tamaño de Fruterca está siendo controlada de cerca por AVA ante el riesgo de que finalmente recurra a la suspensión de pagos y deje en una compleja situación a un número igual de elevado de agricultores, ya que no dispone de suficientes activos que permitan cubrir las pérdidas después de que un administrador tome los mandos de la firma y opte por liquidarla.

El impacto de estas quiebras en cadena puede alcanzar a, como mínimo, un millar de agricultores que habrían vendido su cosecha a estas empresas y que podrían no cobrar nada en un contexto de precios bajos por culpa de la crisis que azota al sector, según advierte la organización agraria. Sin ir más lejos, AVA señala que las denuncias por impago que se han canalizado a través de ellos ya han crecido entre un 50 y un 60% en esta campaña.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, lamenta que sea este el panorama de la citricultura valenciana, al tiempo que anima a los afectados por esta clase de circunstancias a acudir a los tribunales «para reclamar aquello que les pertenece» e insta a los tribunales de Justicia «a actuar con la máxima celeridad y eficacia a fin de que puedan resarcir como se merecen a los agricultores que se han visto atrapados en esta espiral tan dañina».

El responsable de la organización llama la atención sobre los abusos que se están produciendo en materia de destríos, «una práctica que resulta sangrante y que consiste en rechazar una cantidad abusiva de fruta en los almacenes cuando no hay razones objetivas para hacerlo y con la única intención de rebajar el precio acordado con los agricultores». Los servicios jurídicos de la organización prometen «utilizar todos los recursos que sean necesarios» para actuar contra «estos comercios desaprensivos».

Si bien la casuística de las demandas es variada y suele centrarse en denuncias relativas al incumplimiento de contratos, al impago de las cosechas y a la detección de una cantidad abusiva de destrío durante el proceso de confección de la fruta en los almacenes, tampoco faltan casos que acaban con la intervención de la Guardia Civil que operan contra la delincuencia en el medio rural, tal como ocurrió recientemente en Carcaixent y Rafelguaraf, donde una empresa fue acusada de estafar más de 72.000 euros.