Tensión entre agricultores de La Unió y AVA sobre el futuro de la ley de l'Horta

La Unió de Llauradors y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) mantienen profundas diferencias respecto a la aplicación de la ley de protección de l'Horta y sus consecuencias, según se puso de manifiesto en una sesión informativa celebrada el pasado miércoles en Alboraya, que desembocó en un tenso debate, con cruce de acusaciones y el recuerdo de antiguas rencillas entre ambas formaciones.

La Unió está básicamente de acuerdo con el contenido de la ley y los planteamientos que al respecto defiende la Conselleria de Territorio. Ante las críticas de falta de presupuestos que acompañen a la normativa y frente a quienes señalan que el asunto se enfocar mal, imponiendo restricciones a los agricultores sin ir acompañadas de claras compensaciones, el representante de La Unió, Ferrán Gregori, dio por supuesto que todo ello llegará después, razonando que «esto es como la Constitución, que primero se aprobó y luego se fueron desarrollando las demás leyes; en este caso, lo primero es proteger el territorio, y después llegarán las ayudas y compensaciones».

Miguel Minguet y José Francisco Sales, de AVA, defendieron que el orden debiera ser el inverso: «Primero proteger al agricultor y sus actividades, detallando claramente qué se espera que hagamos y qué se va a pagar, y luego proteger el territorio». Señalaron además que si no se empieza protegiendo al agricultor, asegurando de partida su rentabilidad y perviviencia, poco o nada se le va a poder exigir.

La reunión fue convocada por La Unió para informar a agricultores de Alboraya, pero asistieron también de otras localidades del entorno, así como técnicos y dirigentes de AVA, que mostraron reiteradamente sus argumentos en contra de la ley tal y como está, aunque reiterando que «aquí todos queremos que se proteja l'Horta». Las diferencias están en la forma, o en el orden, y en la ausencia por ahora de dinero para los agricultores, lo que levanta recelos. Algunos asistentes advirtieron que «lo que quiere Valencia es tener un jardín con jardineros gratis».

Miguel Chavarría, alcalde de Alboraya, puso el dedo en la llaga al señalar la complejidad del asunto y decir que «seguro que no será una ley cien por cien a gusto de todos», pero también se preguntó si «¿es una ley la que puede proteger de verdad l'Horta o los labradores con su actividad, trabajando a gusto y viendo que pueden vivir de ello?» Chavarría recordó que ahí está el origen del problema: «Se acaban los labradores, no hay relevo de jóvenes, y si no hay economía en equilibrio nacen desconfianzas».

La concejala de Urbanismo, Ana Bru, destacó que mientras en 1960 el 50% del empleo en Alboraya era agrario, hoy sólo es el 1,8%, pero el municipio sigue teniendo cinco millones de metros cuadrados agrícolas. También apeló a la necesidad de que se respete la autonomía municipal y no se restrinja su crecimiento y la dotación se servicios.

El director general de Territorio del Consell, Luis Ferrando, explicó con detalle el alcance de la normativa e intentó tranquilizar a los reticentes insistiendo en que no se pretende más que proteger la actividad agraria, aunque reconoció que por ahora las únicas y escasas dotaciones económicas previstas son para pagar estudios y contratar administrativos.