Aguirre esquiva las ayudas por daños de fauna silvestre que prometió en 2023

Este proyecto de normativa (bases reguladoras en el argot administrativo) se encuentra en información pública, por lo que cualquier interesado puede presentar alegaciones, pero le quedan horas; el plazo es de sólo diez días y concluye hoy mismo. AVA y La Unió sí que han ratificado que presentan alegaciones, en el sentido de exigir el cumplimiento de lo que se prometió, porque además hay una línea presupuestaria asignada (250.000 euros) que fue aprobada en Les Corts.

Aquel anuncio de agosto pasado se produjo en una de las primeras intervenciones públicas de Aguirre como conseller. Acompañado de cargos de su departamento, acudió a unos campos de naranjos de Picassent para comprobar in situ los destrozos causados por jabalíes y conejos, atendiendo a una invitación de Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, y de agricultores de dicha localidad perjudicados por este problema.

El conseller puso especial énfasis en mostrar su total apoyo a los productores que sufren graves pérdidas por la acción de la fauna silvestre en sus explotaciones y, según destacó una nota oficial del departamento agrario, reconoció «la sobrepoblación de animales salvajes, como es el caso de los jabalíes, los corzos, los conejos y los flamencos», y calificó esta cuestión «como uno de los grandes problemas que tiene la agricultura valenciana, puesto que provocan pérdidas de muchos miles de euros a los agricultores e incluso desesperación».

En el transcurso de su visita a Picassent, José Luis Aguirre indicó que se debían atajar las causas que, como ésta, agudizan el problema de abandono de campos, porque a su vez se incrementa la superficie descuidada que «actúa como foco de atracción de fauna», multiplicando los efectos sobre las fincas cultivadas.

También aprovechó la ocasión el conseller para criticar «la falta de gestión por parte de la anterior administración del Consell. En contraste ofreció la decidida apuesta del nuevo Gobierno Valenciano, asegurando que «el Consell actual va a estar al lado de los agricultores; las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente vamos a trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las organizaciones afectadas, para estudiar estos problemas y poder revertir la situación».

Dos meses después, Aguirre ratificó, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, su decisión de iniciar una línea de ayudas para compensar los daños de animales salvajes. Se quejó, no obstante, de la escasez del presupuesto y citó que podrían ser al menos 50.000 euros para el primer ejercicio, pero advirtió que sería el principio y la dotación iría creciendo en años sucesivos.

Pasados once meses, la intención de la conselleria ha cambiado radicalmente. Ahora no prevé ayudas compensatorias por los daños y la versión no oficial fluctúa entre la cortedad presupuestaria y la confianza en que esos daños también pueden cubrirse a treavés de los seguros agrarios. Algo que rechazan de plano las organizaciones agrarias, argumentando que eso es sobre el papel, no en la práctica, porque las indemnizaciones son ridículas, y además, como las pérdidas son incesantes y crecientes, las primas se dispararían e incluso Agroseguro dejaría de asegurar a reincidentes. Esa no sería solución posible.

Al defender la necesidad de establecer una línea fija de ayudas compensatorias, La Unió ha recordado que Cataluña ya destina este año 6,3 millones de euros para esa misma finalidad.

Pero la única línea inicialmente prevista en el proyecto de la conselleria es la de limitarse a unos apoyos para el «establecimiento de barreras que impidan» el acceso de los animales dañinos a los campos de cultivo.

De momento no se concreta qué «barreras» podrían ser, si vallados y de qué formato, líneas de 'pastores eléctricos' o algún otro tipo de medio de protección. Y aquí cabe señalar las dudas de los agricultores y el papel de los ayuntamientos, cada uno con ordenanzas y sensibilidades diferentes, por lo que poner vallas protectoras puede ser un foco más de complicaciones, exigencias y hasta negativas. Salvo que desde la Generalitat se establezcan normas generales consensuadas con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pero recuerda La Unió que tampoco se ha seguido ese punto, pese a anunciarlo en su día la conselleria.