Alcaldía indujo a los técnicos a respaldar las tesis de Ribó en la ampliación del puerto

Prietas las filas. Eso demandó Alcaldía en una 'nota interior' el 22 de noviembre para la elaboración de informes técnicos sobre la conveniencia de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) en la ampliación del puerto de Valencia. El documento, remitido a las áreas afectadas y a sus jefes de servicio por la jefa de Alcaldía, Esther Tarín, recuerda cómo Ribó afirmó en la sesión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) del 27 de septiembre del año pasado que «era necesario un pronunciamiento expreso autorizando este proyecto por parte del Ministerio de Transición Ecológica, para a continuación emitir el voto en contra a la oferta seleccionada», presentada por TIL, filial de MSC.

La solicitud del informe desliza que su motivación es «debida a las dudas que la modificación sustancial plantea», aunque el consistorio es la única administración que valora de ese modo los cambios realizados en el proyecto, en contra de lo que considera Puertos del Estado y la APV. Es más, la jefa de Alcaldía especifica que el proyecto es cuestionable «sobre todo desde el punto de vista medioambiental ya que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2007 sólo era válida para la alternativa« autorizada en 2006, una afirmación que no está avalada ni judicial ni administrativamente.

A partir de ese punto, el texto no ahorra contundencia: «Desde la Alcaldía consideramos de la mayor trascendencia la respuesta a esta petición de la Autoridad Portuaria que afirma que no es necesario realizar una nueva DIA, convirtiéndose en una cuestión de interés público, técnico y político», concreta.

El documento, que no es una comunicación de partido sino administrativa, concluye que «por todo esto, os solicitamos un informe de vuestros servicios en relación con este proyecto seleccionado para anexarlo en un único documento que muestre las afecciones presentes y futuras, así como los costes de oportunidad derivados de la ampliación norte del Puerto de Valencia sobre las playas, el medio ambiente, la movilidad, la transición con la ciudad y la salud de las personas».

La solicitud concluye que los informes debían ser remitidos antes del 2 de diciembre y establece como destinatarios la delegación de Emergencia Climática y Transición Energética, el área de Movilidad Sostenible y Espacio Público, el servicio de Playas, Calidad Acústica y del Aire y el área de Ecología Urbana, Energética Climática y Transición Energética.

Este documento interno se sustanció en siete informes que Ribó anunció en la reunión del Comité Asesor del Puerto del 12 de diciembre. El primer edil avanzó en ese encuentro que diferentes servicios del Ayuntamiento habían realizado estudios técnicos contrarios a acometer esas obras en la ampliación norte del recinto sin tramitar una nueva DIA.

Entre ellos, hizo hincapié en los elaborados por el secretario del área de Urbanismo, que incluyó un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, y los servicios de Playas y de Movilidad. Completan el listado de documentos que esgrimió el alcalde los informes a cargo de la Oficina Técnica de Urbanismo, del Servicio de Devesa-Albufera, de la Gerencia de Parques y Jardines Singulares y del Servicio de Emergencia Climática y Transición Energética.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, asegura tener conocimiento de que se remitió a todos los jefes de servicio y le parece «muy grave porque debe ser una decisión técnica y no política, y no puede el alcalde utilizar y condicionar a los técnicos municipales para apoyar su posición política».

Para Catalá la instancia que hace la propia alcaldía «condiciona a los técnicos para que los informes sean favorables a la postura del alcalde de reclamar una nueva DIA y bloquear el proyecto de crecimiento del puerto de Valencia, poniendo en peligro más de 40.000 empleos».

Para la portavoz del PP, «deben ser los técnicos del Gobierno de España quienes informen si se necesita o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental». Catalá afirma que «ni debe ser el alcalde ni el ministro quien lo diga sino los técnicos del Estado los que realicen un informe. Lo que me parece más grave es que Ribó no puede ordenar a sus jefes de servicio que le hagan los informes a la carta para justificar su posición política».