Alertan de una subida de los alquileres en la Comunitat por la reforma de Sánchez

Los expertos y profesionales del sector inmobiliario dudan de los beneficios en la Comunitat del plan para regular los alquileres que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, creen que estas medidas limitarán la entrada de viviendas en el mercado del arrendamiento y que provocarán un aumento de los precios por la reducción de la oferta y el aumento de la demanda.

Las reformas consisten en ampliar de tres a cinco años «la prórroga forzosa» en los contratos de alquiler, establecer límites en las fianzas y en las garantías que el propietario exige al inquilino, controlar y poner trabas al alquiler turístico para que parte de estos inmuebles se destinen al alquiler residencial y promover la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler social.

Los expertos coinciden en que esta nueva ley provocaría falta de seguridad jurídica para el propietario y que generaría con una reducción de las viviendas en alquiler como consecuencia de la inseguridad causada. Este descenso de la oferta daría lugar a un aumento de los precios ya que la demanda seguiría creciendo. La limitación de garantías que puede pedir el propietario al inquilino «puede dar mayor accesibilidad» a este último pero también «suponer un aumento de la demanda y una disminución de la oferta ya que muchos de los propietarios no van a querer arrendar sus inmuebles si no tienen garantías suficientes para cobrar el importe de alquiler y poder recuperar la vivienda en perfectas condiciones en un corto plazo», según Olivares Consultores Inmobiliarios.

También destaca que el Gobierno debería estimular que los propietarios quieran poner las viviendas en alquiler residencial «con medidas fiscales y con modificaciones legislativas que protejan al propietario frente a ciertos abusos a la vez que garanticen el cobro de las rentas y la pronta recuperación de la vivienda en caso de impago». Además, explica que la ampliación del contrato de tres a cinco años genera estabilidad en el inquilino pero no influirá directamente en los precios, ya que estos dependen de la situación del mercado.

El director de CBRE en la Comunitat, José Ángel Sospedra, opina que ampliar los plazos de arrendamiento de tres a cinco años supone un retroceso en la legislación y «provocará que menos propietarios quieran alquilar por la inseguridad jurídica que esta medida genera». Sospedra considera que la legislación debe ofrecer unas «reglas del juego claras» y una seguridad jurídica tanto para el propietario como para el inquilino ya que «cualquier cambio que vaya a favorecer a alguna de las dos partes puede provocar distensiones en el mercado tanto por un lado como otro».

Por otra parte, en cuanto a las limitaciones que se quieren imponer en el alquiler turístico, José García Montalvo, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), afirma que no existe evidencia de que este tipo de alquiler tenga impacto en el de viviendas residenciales. En Olivares Consultores exponen la necesidad de regular el alquiler turístico debido al «aumento exponencial en el número de viviendas destinadas a alquiler turístico en los últimos años que se sigue produciendo de manera vertiginosa porque muchos pequeños inversores han visto en este nicho de mercado un negocio de alta rentabilidad». Además, señalan que genera una disminución en el número de viviendas en alquiler tradicional y «muchos conflictos vecinales».

Por su parte, la Asociación Empresarial de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana, Apartval, no considera que ninguna de las novedades propuestas por Sánchez puedan afectarles, aunque desde CBRE, Sospedra afirma que «el mercado turístico ha influido en cierto modo en el precio de alquiler convencional, pero no tiene toda la culpa», y hace referencia a la importancia de regular ese tipo de arrendamientos. También destaca los beneficios que los alquileres turísticos tienen en ciertos barrios de Valencia: «Los edificios destinados al turismo en zonas como el Carmen si no se usaran para eso estarían vacíos y no se rehabilitarían».

En cuanto al cuarto vector de la reforma que propone Pedro Sánchez, la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler social, Montalvo muestra dudas acerca de la gestión de estos inmuebles y sospecha que acabarán a la venta en el mercado privado. «No tenemos parque de viviendas de alquiler social porque se han acabado vendiendo, al perderse la calificación de vivienda pública», asegura. Olivares Consultores opina que es un plan que «puede tardar mucho y que con toda seguridad va a generar una problemática en la gestión de los mismos por parte de las distintas administraciones locales o autonómica». Asimismo, explican que este tipo de medidas pueden ser positivas y con un impacto inmediato si se realizan «bajo un marco de cooperación con entidades privadas o semi-privadas que ya dispongan de unidades suficientes en cartera».

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