Más allá de las demandas históricas

Con el Gobierno central en funciones y la incógnita de si Pedro Sánchez logrará el respaldo suficiente el 23 de julio, la sociedad valenciana en general y el sector empresarial en particular están a la espera de que se pueda constituir un nuevo Ejecutivo, ya que muchas cuestiones clave para la Comunitat tienen que ser aprobadas desde Madrid. Los representantes de los distintos sectores que integran la Confederación Empresarial de la Comunitat coinciden con el Consell y la clase política autonómica en que es necesario desatascar cuestiones clave como la reforma del sistema de financiación, el Corredor Mediterráneo o una inversión territorializada acorde al peso valenciano en el PIB y la población del conjunto de España, próximo al 10%, como la prevista en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no salieron adelante. Pero además de estas reivindicaciones históricas, la patronal incorpora otras demandas concretas que son fundamentales para cada uno de los sectores.

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Los grandes corredores ferroviarios y viarios copan las infraestructuras que los empresarios piden que sean una realidad con planificación, una priorización de inversiones pactada, recursos y colaboración público-privada. Uno de los proyectos más demandados por el empresariado es el acceso norte al Puerto de Valencia, como señaló José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública (Fecoval), o Carlos Prades, de la patronal del transporte (FVET). En palabras de Santa Isabel, «se tiene que terminar con la disputa del acceso norte», dijo en alusión al túnel -submarino o no- al que se opone el alcalde Joan Ribó, ya que con el modelo actual se crean «cuellos de botella» en el entorno del recinto del Grao que perjudican a las empresas y los ciudadanos.

En la llamada a ser «la legislatura de la gestión», reclama actuaciones en las tres provincias como el desdoblamiento del by-pass en Valencia y de la A-7 en Alicante o la conexión de la CV-10 en Castellón, entre otros proyectos que están «abandonados».

Desde la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte se exigió la creación de corredores para mercancías disponibles todo el año y bonificaciones para que los transportistas no se vean penalizados por los desvíos obligatorios a autopistas. También reclamaron una armonización fiscal y urgieron a perseguir el fraude, no a quienes cumplen.

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Mientras los signos de recuperación del mercado inmobiliario invitan a olvidar el devastador estallido de la última burbuja, promotores y constructores piden mayor inversión a las administraciones, en especial a la estatal. Francisco Zamora, presidente de Fevec, insistió en que se «ha demonizado» a la construcción y es necesario abrir una nueva etapa con medidas como la dación en pago y un banco hipotecario público que financie a las familias de forma objetiva, frente a la «competencia desleal» de bancos que únicamente conceden créditos para dar salida a su propia cartera de inmuebles.

Desde Fecoval, por su parte, también pidieron estímulos a la promoción de viviendas, no solo a inquilinos y compradores, como «una línea de avales que le permita al promotor construir» por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) o del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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En una autonomía tan turística como la valenciana, la hostelería tiene un papel fundamental que, para la patronal, merece mayor apoyo por parte del Ejecutivo estatal. El presidente de la Federación Empresarial de Hostelería, Manuel Espinar, apuntó la necesidad de duplicar el número de horas extra permitidas -actualmente ochenta anuales- y facilitar las altas de trabajadores en la Seguridad Social en fines de semana. También incidió en las dificultades para cumplir la obligación de registro diario de la jornada en unos negocios que requieren flexibilidad para cubrir los picos de demanda.

Además, instó a ampliar la ley de segunda oportunidad para apoyar a los pequeños empresarios a quienes «la crisis casi se llevó por delante» y coincidió en la exigencia de coordinación entre las administraciones.

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En un ámbito tan marcado por la política estatal como el energético, no es de extrañar que los representantes de la industria pongan el foco en el Gobierno central. Victoria Zahera, responsable de Asuntos Industriales de la patronal azulejera Ascer, pidió un «ajuste de la retribución a las empresas de transporte y distribución de gas que redunde en una bajada de peajes para los consumidores», actualmente hasta «un 45% más altos que en otros países europeos». También reclamó un ajuste de los costes eléctricos para «limpiar la tarifa y que solo recoja los costes del sistema», mientras que el resto se financien por otras vías.

Otra de sus reivindicaciones es un apoyo decidido a la cogeneración, mediante la prórroga del régimen retributivo a las plantas que están cerca ya de alcanzar su vida útil, y apoyo para invertir en este campo.

En pleno debate sobre los impuestos a los carburantes, los empresarios del transporte plantearon sus demandas en relación a la transición ecológica. Carlos Prades, presidente de FVET, exigió que «no se demonice el diésel» dado que «la tecnología Euro 6 está a un nivel medioambiental casi tan bueno como el gas natural», por lo que pidió recuperar las deducciones para la compra de vehículos diésel con esa tecnología o superior, vía Impuesto de Sociedades, y conceder subvenciones para la reconversión del parque móvil que se plantea y que, a su juicio, resulta «inviable» sin respaldo público para las empresas de un sector crucial para la economía y con escasos márgenes.

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El presidente de Aerte, José María Toro, incidió en la necesidad de garantizar una financiación adecuada del sistema de atención a la dependencia y reclamó al Gobierno que cumpla la ley, que prevé que «el 50% del sistema tiene que estar sostenido por fondos del Estado y no es así», ya que esa aportación se sitúa en torno al 18%. También subrayó las dificultades de contar con diecisiete modelos de reconocimiento de derechos y cuestionó que el IVA esté fijado por quién paga, no por el servicio, del 4% para la administración y 10% para el resto.

Toro puso el foco asimismo en la falta de plazas residenciales, las listas de espera y el «caos en la contratación» autonómica, con «preferencia por la concertación de servicios con entidades sin ánimo de lucro».