Anticorrupción investiga si Boluda recibió trato de favor del Puerto de Valencia

Los terrenos liberados eran de los antiguos astilleros de Unión Naval, que estaban en desuso desde 2012. Ahí está previsto que se ubique la nueva terminal de cruceros con la futura ampliación del recinto. Las pesquisas judiciales comenzaron con la llegada de diferente documentación que un anónimo entregó en la sede del ministerio público.

Este procedimiento nada tiene que ver con el asunto abierto en el Tribunal de Cuentas, donde lo que se analiza es una responsabilidad contable por el rescate de esa concesión. La esfera de ambos procedimientos -y las consecuencias- son totalmente diferentes. Las averiguaciones de Anticorrupción no se dirigen, de momento, hacia ninguna persona concreta. Se trata más de examinar el rescate y los posibles indicios delictivos alrededor de esta operación, así como si se pudo beneficiar de manera directa y deliberada a Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

La Fiscalía dispone de un año para estudiar toda la documentación y determinar si existen indicios de criminalidad para seguir adelante con el procedimiento. Durante esta fase prejudicial, el responsable del ministerio público que lleva las diligencias, puede reclamar documentación a los organismos implicados o incluso citar a testigos o las personas que considere autoras de unos delitos todavía por concretar. Una vez finalizado el plazo, el responsable puede judicializar el asunto o decretar el archivo de las actuaciones. Las pesquisas se encuentran en una fase intermedia.

Entre la documentación que se analiza figura el informe de la Abogacía del Estado que cuestiona la valoración de la permuta y, además, reprocha a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que no explorase la vía de la caducidad de la concesión en vez de la del rescate. El expediente judicial, no obstante, contaría con abundante documentación entregada por el informador anónimo.

El informe de la Abogacía hizo reaccionar a la institución valenciana. De hecho, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, inició lo que se conoce como procedimiento de lesividad, un trámite procesal destinado a impugnar los acuerdos del propio consejo de administración al entender que la decisión puede dañar el interés público. Esta decisión se produjo con posterioridad al inicio de las diligencias de la Fiscalía, pero podría atenuar la responsabilidad penal.